Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
El dinero del narcotráfico empezó a fluir más alto en la cadena de mando y en mayores cantidades
cuando el Comando Conjunto y el SIN, en cooperación con la DEA —que nunca dejó de operar en la base
de policía aerotransportada en Santa Lucía—, emprendieron operaciones represivas. En agosto de 1992 un
avión Tucano de la FAP, en vuelo de interdicción, detectó a una avioneta cargando droga en la pista de
Saposoa y le disparó. El personal militar que estaba cargando la avioneta huyó y, pasado el peligro, una
patrulla de la misma base que operaba la pista capturó la misma avioneta. Hermoza Ríos envió a la base un
telegrama de felicitación por la captura de la avioneta, el cual le fue devuelto por el comando del frente
Huallaga, sin completar la transmisión a la base, con un informe de inspectoría que indicaba la necesidad
de investigar más el asunto. A fines de ese mismo año, la DEA grabó en video un pase de droga de la base
militar al aeródromo de Saposoa y lo presentó a Hermoza Ríos. Sólo hubo consecuencias para el personal
de la base, a quienes se abrió instrucción por narcotráfico.
Las formas de apropiarse del dinero del narcotráfico se vuelven más arriesgadas y audaces a inicios de
1993, cuando los vuelos de interdicción de la FAP, la destrucción de pistas ordenada desde Lima y la inteligencia
obtenida por el personal de la DEA comienzan a hacer estragos. Hay casos de asalto a narcoterroristas
con el propósito de apropiarse de la droga; casos de arreglo posterior con los familiares de los narcotraficantes
incautados o detenidos; declaración de sólo una pequeña parte de la droga incautada; incluso un caso de liberación
de un mando del PCP-SL, Chatín, que administraba la logística de la zona de Tocache.
El cierre de la pista de Campanilla obligó a los narcotraficantes a dar el salto hasta una negociación en Lima.
El precio de la arroba de hoja de coca cayó en septiembre de 1993 de cincuenta dólares a cinco dólares, porque
las cadenas de procesamiento y extracción estaban muy deterioradas. También influyeron el hongo fusarium
oxysporum y el herbicida spike. Según testimonio del exinformante de la DEA Óscar Benítez Limares, algunas
firmas que operaban en Campanilla le encargaron a él arreglar la salida, en helicópteros del Ejército, de veinte
toneladas de droga que habían quedado enterradas. A través de oficiales del Ejército, Benítez consiguió reunirse
en Lima con Vladimiro Montesinos, quien autorizó los vuelos en helicóptero hacia el centro de procesamiento en
Palmapampa, Ayacucho, y de allí hacia Colombia, a cambio de alrededor de un millón de dólares. También el
narcotraficante Manuel López Paredes usó los helicópteros del Ejército para trastear la droga. Esto último fue
comprobado mediante un operativo encubierto de la policía antidrogas, organizado con cobertura de la DEA.
Un helicóptero de la FAP fue pintado como los del Ejército y, portando policías antidrogas, voló a un aeródromo
donde esperaban los narcotraficantes con su carga para embarcarla en él. Al ver desembarcar del helicóptero a
los policías, los sorprendidos narcotraficantes huyeron y dejaron atrás una camioneta con 1,800 kilos de droga.
A fines de 1993 las bases militares contrasubversivas están hundidas en la inacción y la falta de recursos
como consecuencia del predominio de las operaciones planeadas y dirigidas desde Lima o desde la base policial
apoyada por la DEA en Santa Lucía. Las operaciones especiales, fueran para reprimir a narcotraficantes
aliados con el PCP-SL o para favorecer a algunas firmas del narcotráfico, concentraban la acción y el dinero en
manos de grupos de comandos aerotransportados que respondían a órdenes directas del SIE, la DINTE, el
Comando Conjunto y, en último término, el SIN. Esto determinó un nuevo estancamiento de la contrasubversión,
pues las extensas zonas de producción de hoja de coca controladas por el PCP-SL en Huánuco permanecían
imbatibles y se consolidaban. Así se crearon las condiciones para una nueva ofensiva del Ejército que
dejó de lado la estrategia contrasubversiva de 1989, centrada en la restricción del uso de la fuerza. Las operaciones
de esta última campaña, que culminaron en la operación Aries, implicaron fuego masivo, arrasamiento
de bases subversivas que eran caseríos cocaleros, e incluso bombardeo con armas pesadas de largo alcance
(rockets) desde helicópteros.
Como se recordará, la estrategia de 1989 priorizaba la eliminación de los miembros de la organización político-administrativa
del PCP-SL en cada localidad. A ello debía seguir la captación del apoyo de una minoría
activa, para pasar después a la organización de la autodefensa campesina. Esa estrategia había llegado a un
punto muerto en el alto Huallaga a fines de 1993. Presuponía un trabajo de inteligencia hecho de pueblo en
pueblo mediante enlaces directos a las unidades militares contrasubversivas, lo que a fines de los ochenta se
denominaba «inteligencia popular». Montesinos había desalentado y desorganizado esa forma de hacer inteligencia
al darle prioridad a una estructura paralela de operaciones especiales dependiente directamente de él
y desvinculada de los demás eventos en los teatros de operaciones de los frentes. En la estrategia de 1989,
había también elementos de la concepción de la «guerra política» desarrollada en Taiwán, según la cual son
los oficiales de un gran ejército quienes dirigen todas las áreas de la actividad estratégica e ideológica. Tam-
TOMO II PÁGINA 243