Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
En lo referente al MRTA, la posición de Alan García no quedó sólo en palabras. Al comienzo de su gobierno,
nombró una Comisión de Paz, uno de cuyos objetivos era entablar un eventual diálogo con los subversivos.
Ese mismo año, el II Comité Central del MRTA otorgó unilateralmente una tregua de un año al gobierno
de Alan García a fin de iniciar negociaciones.
La idea que respaldaba esta actitud de García era que la llegada del PAP al poder representaría una revolución
social que permitiría una distribución más justa de la riqueza, la reducción del número de pobres y,
con ello, la derrota política del PCP-SL. La crueldad del enfrentamiento entre el PCP-SL y las fuerzas del orden
en la sierra central era atribuida erróneamente por el nuevo gobierno a la polarización del país producida
en los años anteriores por la política económica liberal de Belaunde. Como en el primer año del gobierno de
Alan García disminuyó el número de huelgas al paso que las medidas proteccionistas y subsidiarias creaban
una aparente bonanza económica, se esperaba que también el PCP-SL perdiera apoyo social. Para apoyar políticamente
la llegada de la esperada recuperación, Alan García organizó los Rimanacuy, grandes eventos de
concertación con los campesinos, y lanzó un programa de crédito rural sin intereses que resultó una entrega
de dinero a fondo perdido. Como es sabido, los efectos de las medidas populistas de García aparecieron masivamente
después, cuando se desató una hiperinflación y se interrumpió el crédito internacional en respuesta
a la decisión unilateral peruana de reducir el pago de la deuda externa. Estos efectos hundieron al país en la
incertidumbre y la recesión, lo cual aumentó dramáticamente los índices de pobreza y desempleo.
En agosto de 1985, apenas asumido el poder por Alan García, fueron perpetradas por personal de las Fuerzas
Armadas las matanzas de Pucayacu, Accomarca, Umaro y Bellavista, las cuales se intercalaron con feroces
acciones del PCP-SL. En septiembre, una comisión del Congreso descubrió las fosas comunes en que fueron
ocultadas las víctimas de las mencionadas matanzas. Alan García apoyó la investigación y destituyó de inmediato
a los mandos de las Fuerzas Armadas y hasta al propio presidente del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas
responsabilizándolos del hecho. Ésta fue la principal investigación sobre violaciones de los derechos
humanos en el período de Alan García que contó con su apoyo y tuvo consecuencias. El escenario se complicó
cuando, en los meses siguientes, el PCP-SL realizó una serie de atentados contra personal de la Marina de Guerra
en Lima. El 16 de agosto de 1985, varias decenas de miembros de La Marina uniformados y civiles que esperaban
el ómnibus que los transportaría a sus centros de trabajo fueron atacados en el distrito de Villa María del
Triunfo. El 14 de marzo de 1986, el PCP-SL asesinó al capitán de corbeta Jorge Alzamora Bustamante, quien
había servido en la Fuerza de Tarea 90 en Ayacucho (Cassareto 1994: 13). Asimismo, el 4 de mayo de 1986, senderistas
asesinaron al contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina de Guerra.
Frente a este último hecho, el ministro de Marina, vicealmirante Julio Pacheco Concha, advertiría los subversivos
que «han herido profundamente a la institución y al país entero» y «despertado al león». 502 La serie de asesinatos
selectivos, sin embargo, no terminaría ahí. El día 14 de octubre cobraría una nueva víctima: el almirante Gerónimo
Cafferatta Marazzi, que hasta hace poco había sido Comandante General de la Marina (Cassareto 1994: 14).
Obligado por el embate de los crímenes y atentados del PCP-SL, Alan García impuso el estado de emergencia
en Lima y suspendió las garantías constitucionales en su propio centro de gobierno. A ello sumó el
establecimiento del toque de queda en la capital, medida que impactó fuertemente en el ánimo de la población.
A inicios de 1986, renunciaron la mayoría de los integrantes de la Comisión de Paz, porque no hallaron
en el gobierno ni en los militares el apoyo imprescindible para cumplir su misión.
En medio de esta notoria indefinición, el gobierno de Alan García empezó a desarrollar desde los primeros
meses una política de seguridad interior. Consistió, por un lado, en adquirir el control civil sobre las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Policiales y, por otro, en hacer esfuerzos de mediación del conflicto e impulsar el desarrollo
agrario de las regiones andinas más pobres. Ya hemos mencionado las dificultades que enfrentaron la
mediación, encargada a la Comisión de Paz, y la política agraria, apoyada en los Rimanacuy y el crédito agrario.
El control civil debía alcanzarse mediante tres recursos: 1) la unificación de los institutos policiales en la
Policía Nacional del Perú y su fortalecimiento; 2) la unificación de los ministerios militares en un Ministerio
de Defensa; y 3) el aseguramiento de la lealtad de los militares al Gobierno mediante una política de ascensos
y de comunicación del Presidente con las Fuerzas Armadas. Nos detendremos un poco en estos puntos.
502 La República, El Nacional, La Crónica, 7 de mayo de 1986.
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