Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
MRTA, y atribuyen parte de la responsabilidad de la corrupción a la debilidad del poder judicial y la administración
pública. Estos factores atenuantes de un juicio crítico severo sobre el gobierno de Fujimori en materia
de derechos humanos no tuvieron mayor efecto en la posición del Congreso norteamericano. En una extensa
carta del Congreso al presidente George Bush, fechada el 23 de julio, se expresa, entre otros argumentos, que
las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales peruanas han impedido al gobierno de Fujimori cumplir con las
condiciones puestas por la INCA, y que por cuarto año consecutivo la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha recibido más reportes de desapariciones y otras violaciones que de ningún otro país en el
mundo. A los datos sobre la magnitud de estas violaciones se añade el hecho de que en el Perú se impide sistemáticamente
la investigación de los casos por agencias internacionales pertinentes. En su tercera página, la
carta concluye que «incrementar la ayuda a la policía y fuerza armada peruanas emitiría una señal de que los
Estados Unidos están dispuestos a tolerar sus tristes resultados en derechos humanos». Ello debilitaría también
la posibilidad de mejorar el control del gobierno civil sobre las Fuerzas Armadas.
La reacción del Ejecutivo a este ataque frontal a sus negociaciones con el Perú fue un contraataque frontal.
Sobre la base de la resolución presidencial 91-20, el Secretario de Estado procedió a constatar por su cuenta
que el Perú sí satisfacía los criterios puestos por la INCA y así lo expresó en carta del 30 de julio dirigida al
Congreso, donde se da fe de ello, repitiendo punto por punto los criterios de la INCA como ya satisfechos por
el Perú, y expresando su confianza en el compromiso asumido por Fujimori tanto en la lucha contra el narcotráfico
como en el respeto a los derechos humanos. El 31, un memorándum del Ejército norteamericano afirma
que las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú, al juicio del personal militar de la Embajada,
no son una política del alto mando militar. «Puede haber casos de falta de acción para impedir abusos y puede
haber casos de decisiones afirmativas para emprender tales actividades en el nivel de coronel o menor,
pero no al nivel de Jefe del Comando Político-Militar».
El 9 de septiembre, Americas Watch remitió al Secretario de Estado una carta de rechazo a la resolución tomada
y al informe en que ésta se basa. Ambos «revelan la disposición de la administración Bush a pasar por alto
las condiciones de Derechos Humanos contenidas en la INCA». El día 12 tuvo lugar en el Congreso una audiencia
en la que habló el Asistente del Secretario de Estado para asuntos internacionales de narcotráfico, Melvin
Levitsky. Su informe resaltó los esfuerzos y progresos hechos por el gobierno del Perú en este sentido, con énfasis
en la situación de guerra interna que se vive en el país y la importancia que tiene para la política antidrogas
norteamericana. La respuesta del Congreso fue establecer una serie de condiciones precisas para otorgar la ayuda
gradualmente, conforme las condiciones se cumplan. Una primera parte se pagaría cuando el personal de la
Cruz Roja y de la Fiscalía obtuviese libre acceso a todas las instalaciones de detención. Esta primera parte estaría
destinada a los repuestos urgentemente requeridos por la Fuerza Aérea para los patrullajes aéreos antidrogas. La
segunda quedó condicionada a que el Perú demuestre eficiente control de aeropuertos para prevenir el paso de
drogas por ellos y cuando haya hecho progresos para cumplir con los acuerdos de la Cumbre de Cartagena sobre
estos temas. La tercera parte sería entregada cuando a) esté operativo un registro nacional de detenidos, b)
cuando las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales estén en condiciones de operar conjuntamente en operaciones
antinarcóticos y c) cuando se hayan hecho progresos avanzados en el cumplimiento de los acuerdos de Cartagena.
Exigen que el Ejecutivo acepte por escrito estas condiciones y que se haga después de cada desembolso
un informe al Congreso sobre cómo se han constatado los avances respectivos. Por último, se exige que el personal
militar peruano sea entrenado en los Estados Unidos en vez de enviar instructores norteamericanos al Perú.
La disposición final del Senado se concentró en el registro de detenidos: «el incumplimiento de la publicación
del registro central de detenidos dentro de tres meses será tomado en cuenta cuando recibamos notificaciones
para dar paso a toda ayuda militar adicional para el Perú en el año 1992». Además, se dejó bloqueada
la ayuda de 10.5 millones para el Ejército, «el más notorio violador de los derechos humanos entre las fuerzas
de seguridad». Sin embargo, a instancias del presidente Fujimori, se dispuso que se comprometiesen 3.7 millones
para el Ejército, pero sólo para la construcción de carreteras y otros programas de acción cívica.
La gestión peruana incluyó una visita de Fujimori en octubre a su colega George Bush para dar testimonio
de su buena disposición a cumplir con los criterios de la ayuda norteamericana. Ello no modificó en
absoluto la posición del Congreso. No se equivocaban. Ese mismo mes, en discursos pronunciados en ceremonias
militares, Fujimori califica de «tontos útiles» a los defensores de los derechos humanos y señala la
existencia de «terroristas infiltrados en seudo organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos
humanos». Pero la doble moral continúa, pues en esos días se funda, con apoyo del gobierno, el Consejo
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