Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
con [sic] su responsabilidad patriótica asumen el compromiso de dirigir los destinos de la Patria». 603 «La Junta
de Gobierno representa a las Fuerzas Armadas que como Reserva de la Patria han asumido la responsabilidad
de la conducción de la Patria en una hora sombría. Esta responsabilidad no puede ser delegada». 604 El supuesto
derecho de las Fuerzas Armadas a gobernar es llevado en este plan más lejos que nunca antes, pues ahora
se convierte en el derecho a gobernar ocultamente, sin que la población lo sepa ni pueda controlar en lo más
mínimo los actos de gobierno, mientras permanece en la creencia de que gobierna el gobierno elegido.
Además de este proyecto militarista extremo, el plan contiene una versión radical del ajuste estructural de
la economía. Con esto no hace más que apropiarse del programa antinflacionario, racionalizador del gasto
público y promotor de la inversión extranjera que venía propugnando el líder de la oposición, Mario Vargas
Llosa, mediante el Fredemo, en el cual participaban AP y el PPC. Ésta era también la línea promovida por la
principal fuente potencial de ayuda militar y económica, los Estados Unidos. Reducción del Estado, eliminación
de privilegios burocráticos y reorientación de los dineros públicos hacia la promoción del crecimiento
económico son, como vimos, las políticas de justicia social que quedan en el contexto de la interpretación de la
guerra contrasubversiva como «conflicto de baja intensidad».
¿Cómo hacer compatibles la libertad de empresa y la transparencia en la gestión pública con la tiranía política
y la absoluta intransparencia de los actos del Estado? Esta pregunta no preocupaba en lo más mínimo a
los autores del plan. Su confianza se apoyaba en la desesperación de una población agobiada al mismo tiempo
por la incertidumbre económica y por el terrorismo. Sin embargo, los autores del plan encaraban una cuestión
más inmediata ¿cómo obtener el apoyo de los Estados Unidos para el planeado régimen? Había que ofrecerles
algo importante para que pasaran por alto la quiebra de la democracia constitucional. La reforma estructural
no bastaba para esto, porque no había más remedio que hacerla e igual se haría dentro del proceso democrático.
La respuesta se prepara en el Anexo III «Cooperación Perú-USA: una necesidad sustancial».
El tema central de este plan de entendimiento con la administración Bush es el narcotráfico. Se asocian
confusamente a este problema el populismo del gobierno de García, del cual se dice que incrementa el riesgo
de que el Perú recaiga en la esfera de influencia del comunismo internacional, como ya sucedió en los años
setenta (bajo el gobierno militar). Todo esto se magnifica con la mención del creciente nexo entre la subversión
y el narcotráfico. El objetivo sería que el comunismo, aliado con el narcotráfico y el terrorismo, no encuentre
un nuevo refugio en los valles cocaleros peruanos en el momento en que se desploma la Unión Soviética. «Es
necesaria la actuación del Perú dentro del Plan Baker». 605 Aunque la mayor parte de este Anexo es una desordenada
enumeración de factores negativos para la seguridad de los Estados Unidos, al final las premisas parecen
encadenarse en el siguiente razonamiento: El narcotráfico es una amenaza a la salud y la seguridad de la
población de los Estados Unidos; el PCP-SL y el MRTA compiten en el Alto Huallaga para «apoderarse del
principal producto de exportación peruana y que está fuera de control del Estado: la producción de cocaína»;
606 los subversivos empiezan a transformar el «oro blanco» en medios militares modernos; «el orden legal
del Estado coadyuva a la subversión permitiendo hasta publicaciones diarias que le favorecen, colusión de
jueces y enjuiciamiento de aquellos encargados de combatir al enemigo. Ninguna Organización Política dentro
del marco institucional existente está en capacidad de combatir con éxito a Sendero, ni de corregir la dimensión
del Capitalismo Burocrático»; 607 en consecuencia, a menos que apoye al Plan Político-Militar de las
Fuerzas Armadas, «la Sociedad Norteamericana seguirá recibiendo grandes dosis de narcóticos minando su
estructura social y destruyendo miles de personas todos los años». 608 El acuerdo propuesto por el Plan Político-Militar
a los Estados Unidos está bien claro. Se trata de evitar que el PCP-SL o el MRTA controlen el Alto
Huallaga, a fin de cortar una conexión narcoterrorista. El único medio que tendrían los Estados Unidos en ese
momento para tal fin sería apoyar el Plan Político-Militar. «La participación de la ADMINISTRACIÓN BUSH
en este esfuerzo está supeditada a la acción común en esta zona de producción de coca, no existiendo otro
elemento de negociación que tenga este valor». 609
603 Ibídem, p. 8.
604 Ibídem, p. 6.
605 Ibídem, p. 92.
606 Ibídem.
607 Ibídem, p. 94.
608 Ibídem.
609 Ibídem, p. 98.
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