Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
nuación de los atentados, Javier Alva Orlandini, destacado congresista del partido gobernante, planteó que se
declare el estado de emergencia en Ayacucho y se ordene a las Fuerzas Armadas combatir el terrorismo.
El 11 de octubre de 1981, unos cincuenta subversivos atacaron el puesto policial de Tambo, en la provincia
de La Mar, Ayacucho, de donde se llevaron armas de fuego. El Gobierno puso al día siguiente en estado de
emergencia a cinco de las siete provincias de Ayacucho —Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor
Fajardo— y suspendió en ellas, por sesenta días, las garantías constitucionales relativas a la libertad individual.
Conviene examinar aquí el artículo correspondiente de la Constitución de 1979:
Artículo 231. El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado,
en todo o parte del territorio y dando cuenta la Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción
que en este Artículo se contemplan:
a. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias
que afecten la vida de la Nación.
En esta eventualidad, puede suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad de reunión y de inviolabilidad
del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y
10 del Artículo 2 y en el inciso 20g del mismo Artículo 2.
En ninguna circunstancia se puede imponer la pena de destierro.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días.
La prórroga requiere nuevo decreto.
En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el Presidente
de la República.
El estado de emergencia así definido abarca una gama de casos, que van desde la catástrofe natural, pasando
por la perturbación de la paz, hasta las más graves circunstancias que puedan afectar el orden interno.
Se entiende que según la gravedad del caso, el Presidente puede simplemente declarar el estado de emergencia
o bien puede además suspender las garantías y, llegado el momento, puede disponer que las Fuerzas Armadas
asuman el control del orden interno.
La decisión presidencial de declarar en emergencia esas cinco provincias de Ayacucho incluyó la suspensión
de garantías, pero no el ingreso de las Fuerzas Armadas. De todos modos, poco después renunció José
María de la Jara asumiendo la responsabilidad política por un incidente asociado a la muerte de un estudiante
de oposición en el Cusco. El 30 de octubre juramentó como Ministro del Interior el general (r) Juan Gagliardi
Schiaffino. Entró también en ese momento como Ministro de Guerra el general Luis Cisneros Vizquerra. Ninguno
de los dos era partidario de emplear la fuerza militar en la zona en emergencia. A lo largo de 1982 se
alternaron los llamados a la prudencia con los llamados a la acción militar y los esfuerzos policiales con los
ataques del PCP-SL, en los cuales éste mostraba una capacidad militar cada vez mayor. El más claro portavoz
de la posición contraria al empleo de las Fuerzas Armadas fue el propio ministro de Guerra Luis Cisneros
Vizquerra, quien declaró al periodismo que las Fuerzas Armadas, en caso de asumir el control del orden interno
en Ayacucho, «tendrían que comenzar a matar senderistas y no senderistas, porque esa es la única forma
como podrían asegurarse el éxito. Matan 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas [...] y seguramente
la policía dirá que los 60 eran senderistas. [...] Creo que sería la peor alternativa y por eso es que me opongo,
hasta que no sea estrictamente necesario, a que la Fuerza Armada ingrese a esta lucha» (Gonzales 1983: 50). El
tono drástico de la advertencia corresponde a dos circunstancias completamente reales en ese momento. Por
un lado, una parte de la opinión pública, escandalizada por los atentados, exigía usar pronto la fuerza de las
armas para erradicar el problema. Por otro, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para otra cosa que
para tomar el control militar de la zona reduciendo por la fuerza toda resistencia, al igual que en una guerra
convencional, lo cual hacía prever numerosas muertes de inocentes.
El PCP-SL se encargó de proyectar la imagen de que el conflicto estaba entrando a una fase militar. El 2 de
marzo se produjo el asalto al Centro Penitenciario de Huamanga, de donde lograron escapar 304 reclusos, de
los cuales aproximadamente setenta eran senderistas. Los atacantes se distribuyeron por la ciudad, dispersando
y fijando a los policías con tiroteos mientras sometían a los vigilantes de la cárcel. El Ejército no salió
del cuartel Los Cabitos, pues no había orden de Lima para ello. La fuga de los senderistas presos fue un golpe
durísimo para las Fuerzas Policiales y, en general, para la política del Gobierno. Horas después de la fuga, en
la madrugada del 3 marzo, un grupo de guardias republicanos y otros policías sustrajeron del hospital central
de Huamanga a tres pacientes que eran también presuntos senderistas detenidos y los asesinaron con cruel-
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