Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

REFLEXIONES SOBRE LA COORDINACIóN EN LA INTEGRACIóN
Y LA REGLA DE LA PREVALENCIA
el Estado y las Comunidades Autónomas, ya idénticas porque se trate de competencias
concurrentes y vacantes.
Por el momento interesa dilucidar si, con arreglo al planteamiento propuesto
más arriba, de entender la prevalencia como una fórmula utilizable para solventar
conflictos competenciales en defecto de otra, se impone acudir a su empleo
para dirimir las situaciones de conflicto que puedan derivarse de los supuestos
de confluencia competencial recién citados.
Pues bien, por abordar su respectivo análisis en el mismo orden que se han
enumerado, interesa comenzar negando que la prevalencia esté llamada a operar
en el terreno de las competencias compartidas. Harto significativo al respecto
es que nunca se haya servido de la misma el Tribunal para dirimir las
numerosas disputas competenciales de las que ha conocido, surgidas del ejercicio
por el Estado o una Comunidad Autónoma de competencias que comparten.
De modo que en vez de emplear esa regla ha preferido dirimirlas procediendo
a definir conceptualmente cada término de la relación bases-desarrollo
o del binomio legislación-ejecución, para, a renglón seguido, pronunciarse,
según el caso, respecto a la categoría taxonómica mencionada más idónea en
que ubicar la actividad desplegada por el ente cuyo proceder se cuestiona ante
su jurisdicción.
Con toda lógica, por cierto, considerando que la única diferencia entre las
competencias estatales y autonómicas ahora contempladas estriba en la clase de
potestad pública o el tipo de legislación desplegable sobre una misma materia.
Por lo que los conflictos surgidos en la esfera de esa especie de confluencia se
ciñen a expresar una divergencia entre el Estado y una Comunidad Autónoma
respecto al quantum de atribuciones ejercitables por cada instancia en el ámbito
material que fuere. Téngase en cuenta que de aplicar la prevalencia en tales casos
se impondrían siempre las bases definidas por el Estado sobre la legislación
autonómica de desarrollo, de igual modo que la legislación estatal sobre la ejecución
autonómica de tales leyes, con el efecto añadido de vaciar de contenido
las competencias autonómicas llamadas a cohonestarse con las estatales y, consiguientemente
con ello, de suspender, si no de anular, la eficacia del orden constitucional
de competencias.
En otros términos, obsérvese que en cuantas ocasiones ejerce el Estado sus
competencias compartidas con las Comunidades Autónomas se asiste a una
modalidad de coordinación estatal de las competencias autonómicas concerni-
101