Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
tencia estatal sea una competencia de cierre, de tal forma que, una vez ejercitada,
precluyera la posibilidad de que las Comunidades Autónomas produjeran
una norma propia en el mismo sector.
En segundo lugar se encuentra la dificultad misma de aprehender el alcance
de esta igualdad básica. Esto conduce a que este límite constituya una regla de
uso incierto y de resultados poco contrastables en la generalidad de los casos.
Ello se ha constatado, en relación con la igualdad de los españoles en el ejercicio
de sus derechos como consumidores, en la STC 313/1994. Según la misma,
para sostener la competencia estatal sobre las actividades de normalización y
homologación de productos industriales, no puede acogerse la invocación del
título competencial consagrado en el art. 149.1.1 CE, que permite al Estado
regular las condiciones básicas a fin de salvaguardar la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos como consumidores. Y ello, porque las
actividades relativas a la seguridad de los productos industriales encuentran un
encaje más preciso y directo en la materia de seguridad industrial, que en la más
general de protección de los consumidores. A la misma conclusión de no aplicación
del art. 149.1.1 se llegó en las STC 100/1991 y 236/1991 relativas a una
cuestión –metrología– que poseía una gran similitud con la planteada en la STC
citada, y, aunque en obiter dictum, en la 146/1996, que entendió que el carácter
específico de la publicidad determina que la regla del art. 149.1.1.º CE invocada
por el Abogado del Estado, en relación con el derecho a la información de los
consumidores y usuarios (art. 51 CE), por su más amplio alcance debe ceder a
la regla de carácter más específico, en este caso, la relativa a la publicidad.
9. Tránsito: de la doctrina constitucional expuesta a los servicios de la
sociedad de la información
Las reflexiones realizadas sobre la glosa de la doctrina constitucional que
hemos venido haciendo en las páginas que anteceden tienen una pretensión de
generalidad. Pero a nosotros nos son útiles aquí sólo en la medida en que puedan
servirnos de puente argumentativo para racionalizar la posición que puede
tener el título competencial (legislativo y de ejecución) en materia de protección
de los consumidores (al que consideramos como título sectorial determinado en
función del fin de protección de la norma, y de titularidad plena o cuasi plena
autonómica) en relación con un título competencial inespecífico y genérico que
pueda ser alegado para regular y administrar la “sociedad de la información”
como tal.
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