Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
LSSI determina que la competencia en tales casos corresponderá al órgano que
dictó la resolución incumplida. De nuevo se trata de una curiosa norma. No sólo
determina qué normas ha de aplicar una Administración pública distinta de la
estatal, y competente por otros títulos diversos del específico de la LSSI, sino
que encomienda a Administraciones eventualmente autonómicas la ejecución de
normativa sancionadora estatal; incluso detalla qué órgano de esta otra
Administración debe actuar, incidiendo con ello en la estructura organizativa
interna de Administraciones autónomas.
Si repasamos la lista de infracciones contenida en el art. 38 LSSI advertimos
que en no pocos casos se trata de supuestos de hecho que igualmente podrían
haber sido regulados sobre la base de un título competencial relativo al comercio
interior o a la protección de los consumidores. Así ocurre con los supuestos
del art. 38.3 a), b), c), d), art. 38.4 b), c) d), e), f).
Con la salvedad que ya hemos mencionado del art. 43.1 II, la competencia
sancionadora corresponde al MCYT (art. 43.1 LSSI). Naturalmente, puede producirse
una concurrencia de normas sancionadoras. El art. 44.2 LSSI pretende
solucionar esta situación mediante un procedimiento que, realmente, sólo puede
imponerse a las CCAA si se entendiera que se trata de una norma básica de la
regulación del procedimiento administrativo. Según el precepto, la imposición
de una sanción específica de esta ley no impedirá la tramitación y resolución de
otro procedimiento sancionador por los órganos competentes en cada caso cuando
la conducta infractora se hubiera cometido utilizando técnicas y medios telemáticos
o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley, siempre que no haya identidad
del bien jurídico protegido. ¿Pero por qué semejante precedencia de los
procedimientos sancionadores de la LSSI cuando exista identidad de bien jurídico
protegido. O mejor: ¿porqué una norma que no pretende ser legislación
básica del procedimiento administrativo sancionador establece una regla de solución
del bis in idem (realmente tomada del art. 5.1 del RD 1393/1993) que tenga
que imponerse a la legislación sectorial autonómica. ¿Y si el procedimiento
alternativo se ha iniciado o concluido antes de que se proceda a instruir expediente
sancionador de la LSSI. ¿Habría algo así como una litispendencia.
¿Funciona el principio de prioridad igualmente cuando dos expedientes distintos
se han instruido, pero ninguna ha concluido. Sorprendentemente el art. 44.3
contiene una norma paradójica, pues no procederá la imposición de sanciones
según lo previsto en esta Ley cuando los hechos constitutivos de infracción lo
sean también de otra tipificada en la norma sectorial a la que esté sujeto el prestador
del servicio y exista identidad del bien jurídico protegido. La contradic-
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