Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
17.2. Los criterios de aplicación de las normas de protección de consumidores
de Castilla-La Mancha.
Ha de observarse que este trabado sistema no puede aplicarse a las normas
jurídico públicas, autonómicas normalmente, relativas a la protección de los consumidores.
El Derecho público no sigue en su aplicación el sistema de Derecho
internacional privado, sino la pura aplicación territorial. Por tanto, las normas de
Derecho público autonómico, y especialmente el Derecho sancionador, se aplicarán
cuando las conductas contempladas por la norma se realicen en el ámbito
de aplicación territorial de la ley autonómica, con independencia del lugar de
establecimiento o de las normas de Derecho internacional privado; adicionalmente,
las normas jurídico públicas de naturaleza autonómica no pueden pretender
una aplicación territorial que exceda los límites territoriales de la propia
Comunidad 6 .
A ello ayuda el art. 29 I LSSI, que es una norma de eficacia independiente de
los efectos jurídico privados o públicos que se quieran aplicar. Pues esta norma
establece como regla de eficacia (pública o privada) universal que los contratos
electrónicos celebrados por un consumidor radicado en España se entienden
celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Obsérvese que la
norma no se limita a sancionar que el destinatario consumidor que emite en
España su declaración de voluntad realiza aquí actos relevantes y necesarios para
la celebración del contrato, precedidos de una oferta o publicidad del prestador
domiciliado en el extranjero (que es lo que exigen los arts. 5 del Convenio de
Roma, 22.4 LOPJ y 13.3 del Convenio de Bruselas, relativo al reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, para que pueda hablarse de consumidor
“pasivo” merecedor de una tutela privilegiada), sino que afirma que el
contrato como tal se ha celebrado en España 7 . Se dan todas las condiciones para
que los elementos del supuesto de hecho del consumidor “pasivo” se den incondicionalmente
y con carácter normativo, con independencia de lo que hayan pactado
las partes y del curso que haya seguido el proceso de formación contractual.
La “celebración del contrato en España”, que se predica legalmente con la
fuerza de una presunción irrefragable por prueba o pacto en contrario, determi-
6. Con carácter general, sobre criterios de asignación territorial de la competencia sancionadora, Rebollo
Puig / Izquierdo Carrasco, Responsabilidad por infracciones administrativas de los intervinientes en la
puesta en el mercado de bienes y servicios a disposición del consumidor y usuario final, Estudios de
Consumo 56 (2001), págs. 69 y ss, 90 y ss.
7. Sobre la situación actual en el Convenio de Bruselas y en – todavía no en vigor- Reglamento de
Bruselas, cfr. Virgós / Garcimartín, Derecho procesal civil internacional, 2000, pág. 120.
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