Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
(xii) En el seno del art. 33 del Estatuto de los Consumidores de Castilla-La
Mancha, toda tipificación estatal de infracciones determinadas por la protección
del destinatario final en cuanto consumidor, es una tipificación
que sirve como tipificación autonómica de consumo. Pero si la tipificación
estatal de conductas y sanciones se realiza en función de la protección
de un usuario genérico (consumidor o no consumidor), CLM, que
puede producir o mantener normativa consumerista suplementaria, no
puede servirse de aquella tipificación estatal como tipificación de infracciones
a efectos del art. 33 del Estatuto de los Consumidores.
(xiii) Específicamente respecto de la imposición de deberes de información pre
o postcontractual (arts. 10, 27 y 28 LSSI), las CCAA con competencia en
materia de comercio interior o protección de consumidores pueden imponer
regulaciones adicionales o diversas a la contenida en la LSSI.
(xiv) Cuando una norma propia de la LSSI pretenda proteger genéricamente a
los usuarios de un servicio como clase, esta regulación no excluye que las
Comunidades Autónomas puedan proveer una protección suplementaria
sobre la base de su competencia específica en materia de consumidores,
siempre que, conforme al principio de proporcionalidad, exista una necesidad
o justificación para esta protección adicional, que pudiera ponderarse
con el necesario principio de mercado interior. El principio de salvaguarda
del mercado interior en la sociedad de la información, creado por
la Directiva de comercio electrónico, ha de valer entre las distintas CCAA
españolas, adicionalmente, como una exigencia del art. 139.2 de la
Constitución.
(xv) En el caso de Castilla-La Mancha, el art. 33 del Estatuto de los
Consumidores “asume” como tipificación propia de protección de los
consumidores toda tipificación estatal que se corresponda con este tipo de
norma protectora y por esta finalidad de protección. Esto tiene consecuencias
sorprendentes. En primer lugar porque la tipificación castellanomanchega
es siempre una tipificación abierta. En segundo lugar, porque la
tipificación operada por la legislación estatal no tiene que ser la específica
contenida en la LCU o en sus normas de desarrollo, pudiendo hallarse
la tipificación correspondiente en cualquier ley estatal. La LSSI es una ley
de este tipo, a la que se remite el art. 33 del Estatuto de los Consumidores,
y las tipificaciones consumeristas que realiza son tipificaciones propias y
específicas del Derecho sancionador de consumo de Castilla-La Mancha.
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