Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
de las Comunidades Europeas entendió que la libertad de los consumidores
queda comprometida cuando se les niega el acceso a una publicidad sobre rebajas,
pues sería contraria a estos intereses una norma nacional que, bajo el pretexto
de defenderlos, prohibiera la publicidad sobre rebajas, cuando esta publicidad
sea veraz.
Sin embargo, este test padece de una laguna difícil de colmar, lo que impide
que sea utilizado con exclusividad. Se trata de que con el mismo no es posible
determinar cuándo una Comunidad Autónoma persigue un fin constitucionalmente
legítimo. Es decir, el Tribunal Constitucional sitúa la aplicación del art.
139.2 CE en el terreno de la aplicación de los medios, pero no en el terreno de
la selección y control de los fines perseguibles, que es, seguramente, donde la
regla constitucional encuentra su máxima virtualidad. Es este control de objetivos
el que puede decir hasta qué punto es aceptable un sacrificio de la unidad de
mercado.
8.4. La igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de los derechos.
De acuerdo con este test, el art. 149.1.1ª CE, sería un principio, del cual la
unidad de mercado aparece como una concreción; o bien aquel precepto se configura
por sí mismo como límite a la posibilidad de reglamentaciones diferenciadoras.
De acuerdo con ambas ideas –que no aparecen debidamente delimitadas
en la jurisprudencia constitucional– la posibilidad de reglamentaciones que
impongan obstáculos al libre comercio de bienes o servicios, excederán del
ámbito autonómico cuando comporten desigualdad en las condiciones básicas de
ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales por los españoles
(v. SSTC 37/1981, 32/1983, 88/1986, 87/1987, 64/1990, 62/1991).
Tampoco este test se halla exento de dudas.
En primer lugar, porque el art. 149.1.1ª CE no es un límite al ejercicio de sus
competencias por las Comunidades Autónomas, sino un título competencial propio
del Estado que permite a éste regular las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Se trataría, pues, de una competencia de armonización, pero no de una imposibilidad
por parte de las Comunidades Autónomas de regular ciertos ámbitos de
la realidad social. Es decir, el art. 149.1.1ª CE no impide que las Comunidades
autónomas legislen, sino que permite que el Estado armonice dicha legislación.
Hay que observar al respecto que –a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en
Derecho Comunitario– no se supone en la norma constitucional que la compe-
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