Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MARÍA MARTÍN SÁNCHEZ
Tras superar no pocas dificultades y gracias a la realización de un gran
esfuerzo, ha sido posible dar cumplimiento a la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de
Creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha y, hoy en
día, la radio y la televisión de Castilla-La Mancha son una realidad.
La modificación realizada a través de esta Ley se centra en revisar el funcionamiento
del Consejo de Administración del mencionado Ente Público que, respetando
el pluralismo político que garantiza la forma de elección de sus miembros,
proporcione además la estabilidad del órgano y mejore el desempeño de las
tareas que la Ley le encomienda.
Pueden sintetizarse en dos las formas organizativas adoptadas por las
Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta materia: unas han optado
por un tipo de Presidencia meramente funcional del Consejo de Administración,
rotativa y de escasa duración; y otras han elegido una fórmula más duradera consistente
en un Consejo de Administración con Presidente, Vicepresidente y
Secretario, elegidos por el propio órgano –como en los casos de las
Comunidades de Madrid y de Valencia–. Este segundo modelo es el que parece
más idóneo para ofrecer más estabilidad del Consejo de Administración y mayor
representatividad de las opciones políticas, por lo que es el elegido para implantarse
como modelo de Consejo de Administración del Ente Público de Radio-
Televisión de nuestra Región.
La Ley consta únicamente de dos artículos y una Disposición Final.
Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha.
En nuestra Comunidad, la Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha
ha visto la luz, en virtud de las competencias exclusivas que posee la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en materias relacionadas con la regulación
de la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de gobierno,
el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización
propia y el patrimonio documental –todo ello previsto en el Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha–.
Esta Ley debe hacer una regulación general de los procedimientos y funciones
que deben cumplirse para proteger los intereses y derechos de las personas,
ya que la articulación de los archivos de Castilla-La Mancha afecta a Centros de
titularidad de muy diversa índole. Por este motivo, tan solo debe detenerse y
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