Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
rista. Como su finalidad de protección atiende a intereses jurídicos específicos
del régimen de protección de datos, la Administración castellanomanchega
carece de competencias que puedan sustituir a las que el art.
38.2 c) LSSI atribuye al MCYT.
(iv) La responsabilidad civil que diseñan los arts. 13 a 17 LSSI (operadores y
proveedores de acceso, prestadores de servicios de copia temporal, prestadores
de servicios de alojamiento, prestadores de servicios que faciliten
enlaces o instrumentos de búsqueda) constituye un régimen de responsabilidad
de Derecho privado 5 . La Administración castellano-manchega
carece de competencias para reconducir tales regímenes de responsabilidad
a supuestos de hechos de infracciones administrativas. Con todo, sería
posible que una norma específicamente sustentada en el título competencial
específico de protección de los consumidores estableciera un régimen
paralelo de responsabilidad administrativa construido sobre los mismos
criterios que los utilizados en la LSSI. Por lo demás, en el art. 38 LSSI no
existe una cláusula genérica de infracción consistente en la violación de
preceptos legales, que pudiera ser utilizada por la Administración autonómica
para considerar satisfecho el requisito de tipificación de la infracción,
como infracción de consumo.
(v) Las Administraciones públicas impulsarán la elaboración y aplicación de
códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones
u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores. En
la elaboración de tales códigos ha de garantizarse la participación de las
asociaciones de consumidores. Estos códigos deberán ser accesibles por
vía electrónica (art. 18).
Sin duda, la Administración castellano-manchega, competente en materia
de consumo, es destinataria de esta norma, que contiene una habilitación
competencial, por demás de tipo obvio.
(vi) Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deben ser
claramente identificables como tales y deberán identificar a la persona en
nombre de la cual se realizan. Deberán incluir al comienzo del mensaje la
palabra “publicidad”. En los supuestos de ofertas promocionales, previa la
5. Sobre el mismo, cfr. Clemente Meoro, La responsabilidad de los prestadores de servicios de la
sociedad de la información, en Ponencias de las Jornadas de Derecho Civil de las Palmas de Gran
Canaria, 2002.
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