Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
nómica no constituye Derecho privado de contratos, sino que consiste en una
regulación jurídico-pública, la reserva estatal en materia de contratos no obsta a
la provisión de nuevas obligaciones “contractuales” cuya transgresión sólo comporte
el efecto de constituir un ilícito administrativo. Ello no impedirá que la
norma pueda ser inconstitucional por otras razones, porque lo cierto es que no
existe una libertad omnímoda para que las Comunidades Autónomas puedan
configurar libremente los supuestos de hecho de su Derecho sancionador y los
caracteres de las sanciones que crean.
De hecho, los límites a la competencia autonómica son de dos tipos. El primero
es el test de la proporcionalidad en la intervención administrativa. Se produciría
una incidencia en la unidad del mercado si el régimen administrativo
autonómico fuese desproporcionado al fin pretendido (SSTC 88/1986 y
225/1993). En este orden de cosas, las Comunidades Autónomas con competencia
en la materia pueden disponer sanciones distintas a las recogidas en la legislación
estatal de disciplina de mercado y protección de los consumidores (básicamente,
el RD 1945/1983), estando capacitadas para modular tipos y sanciones
provenientes de la legislación estatal. Eso sí, aunque la lesión de un derecho contractual
no lleve aparejada sanción administrativa conforme a la legislación estatal,
la imposición autonómica de una sanción en tal caso permitiría entender que
la norma está a salvo del reproche de inconstitucionalidad derivado del art. 139.2
CE, por cuanto se limita a proteger mediante una técnica de Derecho público el
mismo bien jurídico tutelado por una norma de Derecho privado (cfr. STC
85/1987, FJ 8º).
El segundo límite es el derivado de la igualdad en las condiciones básicas en
el ejercicio de los derechos constitucionales (SSTC 88/1986 y 225/1993). Esta
ruptura de la igualdad se produce cuando la sanción prevista es desproporcionada
en relación con la gravedad de la infracción (STC 136/1991). La STC
87/1985 se refiere en este sentido a una “unidad fundamental del esquema sancionador”
y a una proscripción de las “divergencias irrazonables”.
La segunda reflexión está relacionada precisamente con el Derecho de la
competencia. Lo cierto es que, por virtud de lo dispuesto en el art. 15 LCD –que
contiene una norma de cierre importante en la regulación del comercio interior–,
las normas autonómicas sobre la actividad comercial sí que van a tener un efecto
jurídico privado: cualquier infracción de normas administrativas (estatales o
autonómicas) que tengan por objeto la disciplina del mercado (reglamentaciones
de precios, de horarios, monopolios de ventas, requisitos de titulación y colegia-
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