Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
El Acuerdo a que nos referimos no serviría, pues, para quitar u otorgar competencias
ni delimitar la aplicación territorial de las normas de Derecho público.
Con todo, nos podría servir de apoyo para encontrar una solución analógica a los
conflictos de concurrencia entre varias CCAA competentes, ya que entonces, de
acuerdo a los criterios utilizados por el Acuerdo, la competencia prevalente a
falta de establecimiento será la de la Comunidad que primero acuerde iniciar el
procedimiento sancionador.
Una segunda particularidad deriva del art. 33 del Estatuto del Consumidor de
Castilla-La Mancha, en el sentido ya explicado. Hemos expuesto anteriormente
que existen tipos de infracción administrativa tipificados en la LSSI que propiamente
son infracciones de consumo, y que no existe otro título competencial
específico que puede sostenerlas. Estos tipos de infracción por incumplimiento
de deberes establecidos en la propia LSSI han sido asumidos en virtud de la
remisión abierta del art. 33 de la ley de Castilla-La Mancha, por lo que sus condiciones
de aplicación territorial son las propias del Derecho público autonómico,
no las específicas de la LSSI, que se concibe a sí misma como ley cuya aplicación
se determina en virtud de las reglas de Derecho internacional privado.
Esto quiere decir, también, que las restricciones que los arts. 4 y 8 establecen
respecto de la aplicación de normas de protección a los prestadores de servicios
radicados fuera de la UE o del EEE no son decisivas para delimitar la competencia
de actuación autonómica. En primer lugar, de acuerdo con lo dicho, porque
la aplicación de las normas autonómicas de Derecho público no sigue el sistema
de reparto que resulta de la aplicación de las normas de Derecho internacional
privado. En segundo lugar, porque una norma estatal que no ha sido producida
sobre la base de un título de legislación básica que pueda imponerse a la
competencia autonómica en materia de protección de consumidores, no puede
determinar el modo en que las CCAA han de ejercer sus competencias relativas
a títulos competenciales específicos para la defensa del consumidor.
No obstante lo dicho, existen limitaciones de tipo fáctico que condicionan en
su ejercicio efectivo las competencias territoriales de las CCAA en el cumplimiento
de sus títulos competenciales. Es evidente que, aunque se trate de una
norma generalizable a todo prestador por virtud de los arts. 3 y 4 LSSI, las obligaciones
(consumeristas) establecidas en el art. 20.2, relativas al cumplimiento
de los requisitos legales exigidos para realizar ofertas promocionales, no podrán
ser eficazmente exigidas a prestadores de servicios no establecidos en el territorio
correspondiente a la jurisdicción de la Administración competente. Mucho
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