Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
el Tribunal ha decidido la constitucionalidad de diversos tipos de normas autonómicas:
(i) En primer lugar, se declara la validez de lo que el Tribunal considera
declaraciones programáticas, aunque se trate de objetivos que se consiguen
principalmente a través de medios reservados a la competencia estatal.
Por ejemplo, que se velará por el cumplimiento de las normas sobre
contratos, o para que no se impongan cláusulas abusivas en los negocios
celebrados con consumidores (STC 71/1982, FFJJ 12º y 14º), por la
correspondencia calidad/precio (STC 62/1991, FJ 4ºc); que se responderá
por daños (STC 71/1982, FJ 19º).
(ii) La segunda aplicación es aquella que determina la licitud de las normas
autonómicas que prescriben obligaciones “contractuales” o que prohiben
conductas o pactos “contractuales”, pero cuya transgresión comporta una
sanción propia del Derecho administrativo sancionador, sin comprender las
medidas específicas del Derecho contractual (en este sentido, es particularmente
explícito el pronunciamiento contenido en el FJ 4º de la STC
62/1991). Son, así, constitucionales las sanciones autonómicas creadas
para los casos de contravención de las obligaciones del vendedor referidas
al servicio postventa, o a la garantía de bienes duraderos (SSTC 71/1982,
FJ 16º y 62/1991, FJ 4ºc), o que sancionan la infracción de ciertas obligaciones
de información al consumidor (STC 62/1991, FJ 4ºc), o la transgresión
de las obligaciones de información del promotor de viviendas (STC
71/1982, FJ 10º), o la contravención de la prohibición de ofertas condicionadas
a la obtención de otros productos o servicios (SSTC 71/1982, FJ 8ºc
y 264/1993, FJ 4º). En el FJ 5º de la STC 284/1993, la norma catalana
cuestionada –refundida hoy en el DLeg. 1/1993, de 9-III–sería constitucional
si se limitase a sancionar al vendedor que incumple la obligación de
informar al comprador del derecho que le confiere el art. 5 de la Ley
26/1991. Por lo que se refiere a las normas que definen las distintas prácticas
o modalidades de venta comercial, la exclusividad estatal a la hora de
reglamentar estas definiciones sólo existe en cuanto que de las mismas
pudieran derivarse consecuencias en el ámbito del Derecho privado. Las
Comunidades Autónomas no quedarían constreñidas sin más por estas
definiciones a la hora de reglamentar su propio Derecho sancionador de
disciplina de mercado. Por ello no se comprende el carácter directo que la
Disp. Final de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, otorga
a la previsión que define la venta de saldos (art. 28), porque de tal cali-
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