Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

JOAQUINA GUERRERO SANZ
o revocación de la homologación de un título; el 42.3 remite al Gobierno la emanación
de la normativa básica para que las Universidades establezcan los procedimientos
para la admisión de estudiantes; el 83.2 habilita al Gobierno para dictar
normas básicas a las que habrán de ajustarse los procedimientos de autorización
de convenios que los Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación puedan celebrar con personas, Universidades o entidades públicas
o privadas; y la Disposición Adicional Séptima atribuye al Gobierno el dictado
de las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las
instituciones sanitarias y establecimientos sanitarios, en las que se deba impartir
enseñanza universitaria. A todos estos preceptos se les consideraba como vulneradores
de la reserva de ley establecida en el artículo 53.1 de la Constitución, en
relación con la determinación estatal de las bases por el Estado ex artículo
149.1.30.
El dictamen del Consejo Consultivo se limitó a examinar las disposiciones
impugnadas y los motivos por los que lo fueron, realizándose los siguientes pronunciamientos:
- Respecto al artículo 11.2 y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, el dictamen puso de manifiesto que, no
siendo discutido que el legislador estatal pudiera configurar con amplio arbitrio
los órganos de gobierno de las universidades siempre que permita la elección,
designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación,
nada impediría al mismo legislador, operada una novación normativa,
establecer un régimen transitorio de adaptación a la nueva Ley, aunque ello
implique la renovación de los órganos de gobierno. O lo que es lo mismo, lo sustantivo
y consustancial a la autonomía universitaria es que sea la propia comunidad
universitaria la que se autogobierne, elija y renueve sus órganos de gobierno,
pero no puede afirmarse que en el derecho a la autonomía se integre la imposibilidad
de que las modificaciones normativas no alteren el mandato de los
órganos elegidos. En consecuencia, el Consejo Consultivo entendió que los preceptos
examinados no eran inconstitucionales.
- Por lo que se refiere al artículo 4.1,b), y por conexión, a los artículos 4.3,
8.2, 35.1 y 42.3, se entendió que a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional dichos preceptos no vulneraban el orden constitucional de distribución
de competencias, justificándose la mencionada regulación por el ejercicio
de competencias estatales en materia de Universidades.
406