Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO
En las Repúblicas checa y eslovaca, por el contrario, sólo tiene cabida el control
sucesivo o a posteriori. Así, en la República checa, refiriéndose al control de
los tratados internacionales, Klíma 136 señala que debe presuponerse que en el
momento previo a la ratificación, el Parlamento deberá examinar las eventuales
contradicciones entre el tratado y las leyes constitucionales. Sólo si tal contradicción
surgiera más tarde, correspondería resolver al Tribunal Constitucional, a
título de cuestión preliminar.
En Polonia y Hungría coexisten el control preventivo y el sucesivo. En el primer
país, desde la reforma constitucional de 1989, al Presidente de la República
le cabe la facultad, antes de sancionar una ley, de requerir al Tribunal
Constitucional que examine su constitucionalidad. Asimismo, vetada una ley
aprobada por la Dieta, por el Presidente, y rechazado tal veto presidencial por
una mayoría de dos tercios de los votos de la Dieta, el conflicto entre legislativo
y ejecutivo es resuelto por el Tribunal Constitucional. La nueva Constitución
polaca de 1997 ha mantenido el control a priori de las leyes, a iniciativa exclusiva
del Presidente de la República, tal y como acontecía precedentemente.
También en Hungría cabe un control previo sobre los proyectos de ley, el
Reglamento de la Asamblea Nacional con anterioridad a su adopción, las leyes
aprobadas aunque aún no promulgadas y los tratados internacionales. En cualquier
caso, conviene precisar que tanto en Polonia como en Hungría, es el control
sucesivo el predominante.
En otros países, como es el caso de Bulgaria y Rusia, el control preventivo se
circunscribe a un específico tipo de normas: los tratados internacionales. En este
amplio conjunto de países europeo-orientales ha tenido una notable recepción el
llamado recurso de queja constitucional (el Verfassungsbeschwerde alemán) o
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de derechos
constitucionales, acogido en Polonia por la Constitución de 1997 (la queja puede
ser planteada por cualquier persona cuyos derechos o libertades constitucionales
hayan resultado violados por una decisión firme de un tribunal o de un órgano
de la Administración pública), en la República checa (en donde, cuando se formula
por una persona física o jurídica, su diseño es muy semejante al del instituto
equivalente alemán, si bien cabe asimismo que el Consejo Municipal de un
Municipio plantee un recurso de queja por violación de la autonomía municipal,
recurso que se halla abierto asimismo a algún otro órgano de una unidad territo-
136. Karel Klíma: “La Justice Constitutionnelle en République Tchèque”, en Marc Verduseen (dir.),
La Justice Constitutionnelle..., op. cit., pág. 193 y ss.; en concreto, pág. 214.
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