Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO
La amplitud de funciones del Tribunal Constitucional es, por lo demás, muy
notable por cuanto tal órgano lleva a cabo un control tanto en vía preventiva
como sucesiva, tanto por causa de acción como de omisión. Asimismo, y como
cauce de articulación entre el control difuso y el que se residencia en el Tribunal
Constitucional, el art. 280 de la Constitución prevé un recurso ante este último
contra las decisiones de los tribunales: a) que rehúsen la aplicación de cualquier
norma con fundamento en su inconstitucionalidad, y b) que apliquen la norma
cuya inconstitucionalidad haya sido invocada durante el proceso.
Nos hemos detenido mayormente en Grecia y Portugal porque quizá estos
dos países ejemplifiquen más que ningún otro la mixtura y entremezcla de elementos
de uno y otro de los dos modelos históricos.
III. Esta hibridación se manifiesta profusamente en las nuevas democracias
de Europa oriental, que aunque no han mostrado particular interés por el sistema
difuso, optando por el contrario por una estructura centralizada de control,
que se atribuye a un Tribunal Constitucional, con patente influencie en algunos
casos de los sistemas alemán y austriaco, del modelo francés en algún otro, e
incluso, a juicio de Mazza 131 , del sistema griego, es lo cierto que también han
incorporado mecanismos que, en sintonía con los sistemas que sobre ellos han
influido, propician hablar de esa mixtura e hibridación.
Por referirnos tan sólo a algunos de esos países, recordaremos que Polonia, las
Repúblicas checa y eslovaca, Hungría, Rumania, Bulgaria y Rusia, han creado un
Tribunal Constitucional. Sin embargo, en todos estos países está presente un elemento
difuso, pues todos ellos han recepcionado el instituto de la cuestión de
inconstitucionalidad. Cualquier juez puede, normalmente a instancia de las partes
de una litis de la que está conociendo, bien que en Rumania, como advierte
Vasilescu 132 , con frecuencia, la excepción de inconstitucionalidad sea planteada de
oficio o incluso por el procurador, cuando haya tomado parte en el proceso a quo,
plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Las
excepciones las encontramos en Bulgaria, donde sólo el Tribunal de Casación y
el Tribunal Administrativo Supremo están habilitados para, en el curso de un proceso
que se siga ante ellos, constatada la contradicción entre la ley que han de
aplicar y la Constitución, suspender el procedimiento y plantear la cuestión ante
131. Mauro Mazza: La Giustizia Costituzionale in Europa Orientale, CEDAM, Padova, 1999, pág.
425.
132. Florin Bucur Vasilescu: “La Justice Constitutionnelle en Roumanie”, en Marc Verdussen (dir.),
La Justice Constitutionnelle en Europe Centrale, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-París, 1997, págs. 121 y ss.,
en concreto, pág. 144.
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