Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
Derecho público ni de Derecho privado, sino que simplemente constituyen el
presupuesto de cualesquiera relaciones de Derecho. Así, la competencia no es
estatal porque se trate de una norma de Derecho privado, sino tan sólo cuando el
establecimiento de un ámbito de capacidad al empresario o a cualquier participante
en el ámbito empresarial de que se trate determine consecuencias jurídico
privadas, precisamente porque la norma en cuestión sea el presupuesto de una
relación jurídico privada (vgr. según la STC 133/1997, las incompatibilidades
mínimas de Administradores, Corredores de Comercio y Notarios, o las normas
de conducta de las agencias de valores conforman las bases de la ordenación del
crédito reservadas al Estado también en relación con las bolsas de valores creadas
por las Comunidades Autónomas, porque garantizan la transparencia del
mercado en interés del cliente, mientras que en la aprobación y modificación de
los estatutos de las sociedades rectoras son competentes las Comunidades
Autónomas en cuyo territorio esté ubicada la Bolsa de que de cuya sociedad rectora
se trate).
De acuerdo con lo anterior, ninguna norma autonómica que establezca requisitos
para el ejercicio del comercio o la práctica de ciertos tipos de venta, y cuya
contravención genere tan sólo efectos jurídico-públicos, podrá ser inconstitucional
por invadir la competencia estatal del art. 149.1.6ª CE, sin perjuicio de que
pueda ser inconstitucional por otras razones (vgr. por introducir una barrera en
el mercado nacional [art. 139.2 CE], por vulnerar el derecho a la libre empresa
[art. 38 CE]). Por ello, y a pesar de la desafortunada justificación contenida en
el FJ 8ºf ) de la STC 88/1986, la norma autonómica que prohibe durante tres
años el ejercicio de una actividad comercial similar tras una venta en liquidación,
disponiendo sanciones administrativas para el caso de contravención, no puede
ser inconstitucional por invadir la reserva estatal sobre legislación mercantil.
La invasión de la competencia estatal del art. 149.1.6ª CE no puede ser baremada
atendiendo al carácter “esencial y definidor de la actividad” del requisito
que imponga la regulación autonómica. La capacidad no es un atributo graduable:
se tiene o no capacidad para el ejercicio del comercio si se reúnen las condiciones
del art. 4 CCom, norma ésta que tampoco contiene requisitos esenciales
y no esenciales, sino que todos ellos condicionan por igual el ejercicio de la
actividad comercial. Aunque el Tribunal Constitucional ha admitido que no toda
incidencia en la competencia estatal es inconstitucional (SSTC 125/1984, FJ 1º;
153/1989, FJ 8º, 76/1991, FJ 4º; 100/1991, FJ 5º; 149/1991, FJ 4ºBe), lo cierto
es que en la materia de capacidad del comerciante no caben términos intermedios:
la norma regulará o no la capacidad, y ello, obviamente, con independen-
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