Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ANA VALERO HEREDIA
Evitar una definición restringida del concepto de libertad religiosa exige,
como punto de partida, admitir que la libertad de creencias y de religión ampara
cualesquiera convicciones de sus titulares, incluidas aquellas que no se adecuen
a las generalmente compartidas por la sociedad, e incluso aquellas que fuesen
susceptibles de valoraciones negativas por las convicciones cuantitativamente
mayoritarias, pues la dimensión interna del derecho así lo preconiza. La dificultad
radica en valorar qué sucede cuando la coherencia con los credos o idearios
profesados exige de sus titulares un comportamiento externo disconforme
con el orden de valores constitucionalmente establecido. La genérica protección
que otorga el ordenamiento constitucional a la capacidad de actuar de acuerdo
con la propia conciencia choca, en muchas ocasiones, con la imposibilidad de
que el ordenamiento ampare ciertas conductas acordes con la conciencia individual.
El problema reside en determinar, pues, cuándo son sancionables jurídicamente
aquellas conductas o comportamientos que derivan del ejercicio externo
de la libertad de creencias y que, por tanto, se configuran como actos motivados
por los parámetros éticos de la persona.
Como quiera que, en términos de principio, la proyección externa de las propias
convicciones merece una protección plena por parte del ordenamiento, quedaría
entonces por definir los términos en los que resulta constitucionalmente
amparada la manifestación pública de posturas minoritarias que chocan con la
ética o moralidad preponderante. En este sentido, quede de antemano apuntado
que la objetividad de una ética común basada en el orden constitucional establecido
es, en ocasiones, difícilmente armonizable con los parámetros éticos de la
conciencia individual. La protección jurídica de la autonomía de la conciencia
no siempre es compatible con la obligación jurídica que exige la observancia de
una norma a la que se contrapone el propio deber de conciencia. Es en estos
casos cuando entran en contradicción la eficacia del ordenamiento y el respeto
al derecho fundamental, y las soluciones jurídicas a adoptar no son del todo previsibles.
Será en los próximos apartados donde se analicen los criterios utilizados
por el Juez Constitucional para dar coherencia constitucional al ejercicio
externo del derecho de libertad religiosa cuando éste se contrapone a los deberes
derivados de una situación jurídica determinada o, cuando dicha contraposición
tiene como consecuencia la puesta en peligro de otro derecho o bien constitucionalmente
protegido. Baste por el momento señalar que la dimensión externa
del derecho ampara a todos los individuos independientemente de los contenidos
materiales de sus credos, siempre y cuando el respeto al orden constitucional
quede garantizado.
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