Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL TEROL BECERRA
tan pronto como, en su opinión, se produzca la primera manifestación autonómica
del ejercicio de una competencia vacante.
Todo lo cual autoriza a concluir, en primer lugar, que, en punto a la generación
de competencias vacantes, de no mediar un acuerdo más o menos expreso
entre las Comunidades Autónomas y el Estado, sólo le alcanzaría a este último
la posibilidad de generarlas. Pero, obsérvese, en segundo lugar, que, de acuerdo
con cuanto se ha dicho, la cláusula residual vendría a operar como una modalidad
de coordinación estatal ciertamente eficaz para solventar la clase de conflictos
competenciales suscitables en el terreno que viene contemplándose. Tan eficaz
al menos como la prevalencia, cuyo empleo entonces resulta superfluo.
Ahora bien, no se pierda de vista que las expresadas conclusiones son, por
definición, las consecuencias inherentes al uso que efectuaron las Comunidades
Autónomas del principio dispositivo en un momento anterior al ahora considerado
y que, por tanto, han de presumirse ligadas a la expresión de voluntades
pretéritas sobre sus respectivos niveles competenciales. Nada hay que objetar,
sin embargo, a eso tratándose de las competencias vacantes que aquí se consideran
desgajables de los artículo 148.1 y 149.1 de la Constitución. Tanto más
cuanto, como puede deducirse por lo que se lleva dicho, siempre les cabe a las
Comunidades Autónomas el recurso de reformar los Estatutos para ampliar sus
respectivos niveles competenciales.
Harto significativa de la actitud mostrada por el Tribunal a propósito de cuanto
viene diciéndose son sus consideraciones siguientes, extraídas de la STC
133/1997:
“Lo primero que salta a la vista es que al enumerar las materias que sirven
como criterios de delimitación de las competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía de
aquellas han utilizado de manera explícita la expresión ‘mercado de valores’. Sin
embargo, del mero dato de la omisión de una referencia de tales características
al ‘mercado de valores’ no puede extraerse la conclusión de que dicha materia
no se encuentre incluida como tal en el sistema de distribución competencial, ni
tampoco obliga a acudir a la cláusula residual del art. 149.3 CE (SSTC
123/1984, Fundamento jurídico 21 y 180/1992, Fundamento jurídico 41). Para
acudir a dicha cláusula es necesario que el problema no pueda quedar resuelto
con los criterios interpretativos ordinarios (SSTC 123/1984, Fundamento jurídico
21 y 180/1992, Fundamento jurídico 41), esto es, averiguando si, por encima
y con independencia de las rúbricas o denominaciones empleadas por la
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