Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
Constitución aporta una noción de intereses-competencias-autonomía locales
bastante más amplia de lo que suele creerse y, en segundo lugar, porque si admitimos
la naturaleza instrumental de la noción de autonomía, ésta sólo adquiere
cuerpo en conexión con los intereses locales a los que sirve.
En conclusión, el principio de autonomía local está subordinado al principio
democrático, que lo antecede, y sirve para conectar a aquél con la noción de intereses
que precede a las competencias específicas que ejercitan las Entidades
Locales. Y, en segundo lugar, es un principio bastante perfilado por la propia
Constitución por lo que no es de configuración legal pues, en contra de lo que
creen algunos que han visto en la relación autonomía local-ley una de las peculiaridades
constitucionales (y por ende, definitorias) del régimen local, este fenómeno
se da también en otros muchos campos del Derecho constitucional, concretamente
los que se refieren a los principios rectores de la política social y
económica cuya concreción (instrumentos de realización para su reconocimiento
efectivo, garantías, alcance de la intervención de los poderes públicos, etc.) se
ha de efectuar a través de la ley con la particularidad de que la ley está predeterminada
por la formulación constitucional de tales principios que han se servir,
a pesar de su aparente indeterminación, de parámetro a la constitucionalidad
de aquélla. En definitiva, la ley tiene que hacer efectivos esos principios pero no
es libre ni discrecional para proceder a su concreción 103 .
103. Así lo ha visto, para el caso del Patrimonio Histórico ex artículo 46 de la Constitución, Gerardo
Ruiz-Rico: “La disciplina constitucional del Patrimonio histórico en España”, Patrimonio Cultural y
Derecho, núm. 4, 2000, págs. 29-76.
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