Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

REPERCUSIONES JURÍDICAS DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Y LAS HEMOTRANSFUSIONES CUANDO LA VIDA DE UN MENOR ESTÁ EN JUEGO:
COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 154/2002 DE 18 DE
JULIO, EN EL CASO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
calidad de garantes y en virtud de su deber de velar, en cualquier caso, y aun
anteponiéndolo a sus propias convicciones, por el interés preponderante del
menor 23 .
Así, si bien el Tribunal no apreció en la presente Sentencia signos de aptitud
suficientes para considerar constitucionalmente relevante la voluntad del menor,
una valoración de signo contrario podría conducir a dejar en manos de un menor
de edad decisiones drásticas sobre su propia vida. La entidad de las consecuencias
que de estos razonamientos pueden extraerse no son en absoluto desdeñables.
En primer lugar, parece otorgarse a un concepto jurídico indeterminado,
como es el de “grado de madurez del menor”, la entidad suficiente como para
que a él se subordine el propio interés preponderante de la vida del menor a
cuya protección debieran concurrir no sólo los progenitores sino también los
poderes públicos. Como señala la propia Sentencia aludiendo a la tantas veces
citada 141 /2000, FJ 5°:
“Así pues, sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos
judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de estas potestades por parte
de sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa,
se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy
lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el “superior” del
niño” 24 .
Además parece entenderse, que la efectiva protección del interés jurídico
superior –la vida del menor– queda subordinada a la concreción de un concepto
jurídico indeterminado, cuya “subjetiva determinación” puede poner en peligro
su propia superioridad. Cabe al menos cuestionarse, por tanto, hasta qué punto
no deja de ser “superior” el interés del menor al hacerlo depender de su “propia
madurez”. Y en paralelo con esta cuestión habrá de tenerse en cuenta otra no
menos importante y que merece ser resaltada, la relativa a qué concepto de
“madurez” podría conducir a estimar la capacidad decisoria del menor en este
ámbito. ¿Se hace referencia a una madurez intelectual, o por el contrario es la
madurez emocional o la propia capacidad de discernimiento las que se requieren
de un menor cuya voluntad no deba ser tachada de inexperta; ¿qué tipo de con-
23. La LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del Menor, establece en su artículo 6 que
en supuestos conflictivos y, en todo caso, constatada la falta de la debida cooperación de los mayores
responsables, tal y como la propia ley advierte, habría que primar “el interés superior de los menores
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
24. (La cursiva es mía).
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