Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
(i) La Ley 7/1996 (LOCM, modificada por Ley 47/2002) considera las ventas
a distancia como un tipo especial de venta (art. 36). A pesar de lo que
establece la LSSI, el art. 37 LOCM impone – con carácter de norma básica-
que este tipo de ventas “deben” contar con una autorización autonómica,
que será estatal cuando las propuestas de venta a distancia se difundan
por más de una Comunidad Autónoma (art. 38.2). Es claro que las
ventas realizadas por medios de dispositivos electrónicos constituyen un
supuesto del género de ventas a distancia del art. 38 (junto a la venta por
catálogo, venta televisiva, venta telefónica, etc). Los arts. 39 y 40 contienen
una lista de deberes de información precontractual. El art. 41 establece
que el silencio no valdrá nunca como aceptación, y el art. 42 regula el
destino de los envíos no solicitados. El art. 43 determina el plazo de cumplimiento
y pago. Los arts. 44 y 45 regulan el derecho de desistimiento del
consumidor. El art. 46 reglamenta el pago realizado mediante tarjetas de
crédito y el art. 47 impone los contenidos informativos que tienen que
haberse comunicado al consumidor en el momento de la ejecución del
contrato. A estas reglas específicas de la contratación a distancia (una
clase de la cual es el comercio electrónico) hay que contar con la existencia
de reglas más generales que se refieren a prácticas contractuales
que pueden ser desempeñadas también por medio del comercio electrónico;
así, las reglas que contiene el art. 33 sobre la entrega de obsequios
y regalos.
(ii) Téngase presente que la LOCM es específicamente una ley cuyo ámbito
de aplicación queda reducido a las ventas al consumo (art. 1.2), aunque no
es una ley cuya finalidad exclusiva sea la protección al consumidor. Los
tipos de infracción se delimitan por la ley estatal, pero la competencia sancionadora
corresponde a las CCAA (art. 63.1 II).
(iii) La Ley de Castilla-La Mancha 3/1995, del Estatuto del consumidor de
Castilla-La Mancha, establece en su art. 33 que se consideran infracciones
en materia de defensa de los consumidores y usuarios las que así vengan
establecidas por la legislación vigente. En el momento en que tal
norma se promulga, la remisión prácticamente se agotaba en el art. 34
LCU y en el RD 1945/1983. Pero la norma de Castilla-La Mancha contiene
una remisión abierta a toda legislación estatal o autonómica que,
producida en el ámbito de las respectivas competencias, contenga una tipificación
de infracciones consistentes en conductas contrarias a los intereses
de los consumidores. Hay que tener en cuenta esta particularidad de la
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