Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MARÍA MARTÍN SÁNCHEZ
En este marco de competencias, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha promulgó la Ley 8/2000, de 30 de noviembre , de Ordenación Sanitaria
de Castilla-La Mancha, con la que se garantiza una serie de derechos del ciudadano,
encaminados a la mejora en la atención sanitaria, en su especialización y
en su adecuación a las necesidades de los ciudadanos que la requieren.
Además, hay otro hecho que va a posibilitar aún más la atención de los problemas
sanitarios y de salud de los ciudadanos de nuestra Región desde la cercanía
sin tener que desplazarse a grandes ciudades para obtener los cuidados
especializados que necesitan en cada caso, cuál es, la transferencia de las funciones
y servicios del Instituto Nacional de la Salud a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, a través del Real-Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre.
Con ello, se incrementaron notablemente los servicios sanitarios públicos
mediante importantes inversiones económicas y tecnológicas.
Con todos estos antecedentes, se ha hecho posible la aprobación de la presente
Ley de Garantías en la Atención Sanitaria, cuyo objeto no es otro que hacer
efectivo el derecho a la atención sanitaria especializada cuando ésta tenga carácter
programado y no urgente, estableciendo las garantías necesarias para ello –tal
y como se prevé en su artículo 1–.
Esta Ley se compone tan sólo de nueve artículos y dos Disposiciones Finales.
Los beneficiaros de las mencionadas garantías, previstas por esta Ley, serán
todos los residentes en la Comunidad de Castilla-La Mancha y también a no residentes
pero sólo bajo las condiciones previstas en la Legislación Estatal y en
Convenios Nacionales e Internacionales que le sean aplicables.
A lo largo de la Ley se establece la posibilidad de elección de Centro de
Salud para ser atendido así como el modo de dicha elección, el sistema de garantías
para recibir la atención sanitaria especializada en el Centro elegido, los
Registros de pacientes en lista de espera y los gastos de desplazamiento, entre
otros extremos.
Leyes de protección de Bienes Jurídicos y sectores de la población
Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las distintas
modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha.
Dado que las viviendas de Protección Oficial y la aportación de recursos pro-
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