Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO
otra que la de intérprete supremo de la Constitución. Así, en el caso de la norma
ecuatoriana antes citada, su último párrafo dispone que la declaración del juez o
tribunal ordinario no tendrá fuerza obligatoria sino en las causas en que se pronuncie,
para añadir de inmediato que el juez, tribunal o sala habrá de presentar
un informe sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, para que el Tribunal
Constitucional resuelva con carácter general y obligatorio. A su vez, el art. 272,
d/ de la Constitución de Guatemala de 1985, atribuye a la Corte de
Constitucionalidad la función de conocer en apelación de todas las impugnaciones
en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos,
en cualquier juicio, en casación, o en los casos contemplados por la Ley de la
materia.
Aunque la regla general es la del control sucesivo, salvo en algunos países
como Bolivia, donde los tratados internacionales son objeto de un control preventivo,
esto es, antes de la prestación por el Estado de su consentimiento para
obligarse, no faltan excepciones a dicha regla.
Así, en Chile, por influjo francés, el Tribunal Constitucional, básicamente,
ejerce un control preventivo, que incluso en el caso de las Leyes interpretativas
de la Constitución y de las Leyes orgánicas constitucionales, es preceptivo, siendo
facultativo tal control previo respecto de los tratados internacionales y de las
Leyes ordinarias. Pero la intervención del Tribunal Constitucional no agota en
Chile el control de constitucionalidad. Por el contrario, éste se complementa por
un control sucesivo, con ocasión de la aplicación de la ley, concentrado a su vez
en la Corte Suprema de Justicia que, de oficio o a petición de parte, en las materias
de que conozca o cuyo conocimiento le fuere sometido a través del llamado
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, puede declarar inaplicable
con efectos para el caso concreto todo precepto legal que considere contrario a
la Constitución. Este doble sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad,
concentrado en el Tribunal Constitucional (control preventivo de la ley,
facultativo o preceptivo, según el tipo de ley de que se trate) y en la Corte
Suprema de Justicia (control de la aplicación de la ley), ha planteado, como dice
Nogueira 140 , numerosos problemas, en la medida que ambos órganos son autónomos
respecto del otro, no habiéndose establecido una eficaz articulación entre
ellos, lo que ha propiciado que, con frecuencia, establezcan dos parámetros o cri-
140. Humberto Nogueira Alcalá: “El Tribunal Constitucional chileno”, en el colectivo, Una mirada
a los Tribunales Constitucionales. Las experiencias recientes. Lecturas Constitucionales Andinas,
nº. 4, Comisión Andina de Juristas--Konrad Adenauer Stiftung, Lima, 1995, pág. 111 y ss.; en concreto,
pág. 141.
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