Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
del establecimiento y del titular de la explotación comercial de la máquina
expendedora en la venta automática (STC 264/1993, FJ 4º).
Inconstitucionales serán también las previsiones de los arts. 28.e y 42.d de
la Ley canaria 4/1994.
(ii) Es inconstitucional la norma autonómica que impone obligaciones generales
de información a los empresarios y el correlativo derecho de los consumidores
a exigirla, sin que sea preciso –como hace la STC 71/1982, FJ
18º– argumentar que, además, la Comunidad Autónoma carece de competencias
sobre los “sectores” afectados. El establecimiento de una obligación
de información cuya transgresión tenga efectos jurídico privados
no puede ser nunca competencia autonómica, y ello aunque tal obligación
no se formule en términos generales y se relacione con “objetos” de competencia
autonómica.
(iii) Obviamente, las Comunidades Autónomas no pueden tampoco determinar
el ámbito de aplicación de una norma privada del Derecho de contratos.
Ver por ejemplo, el art. 22.2 de la Ley canaria 4/1994.
(iv) Es inconstitucional la norma autonómica que reitera una norma estatal
jurídico privada. Es inconstitucional la norma autonómica que reitera el
listado de cláusulas abusivas del art. 10 LGDCU o los efectos contractuales
de la garantía de los bienes duraderos del art. 11 LGDCU (STC
62/1991, FJ 4ºb y c), aunque no es inconstitucional toda reiteración autonómica
de normas estatales fruto de reservas exclusivas del Estado, v. por
ejemplo el FJ 8º de la STC 71/1982, donde se determina la constitucionalidad
de las normas autonómicas que reproducen la regulación estatal
sobre productos farmacéuticos, competencia exclusiva del Estado ex art.
149.1.16ª CE.
6.3. Interpretación reductora.
Ahora bien, con el objeto evidente de salvar la constitucionalidad de una
norma si es posible ofrecer de ella una “interpretación conforme a la
Constitución”, el Tribunal Constitucional estima la validez de disposiciones
autonómicas que contienen prohibiciones o crean obligaciones “contractuales”,
bajo la presuposición (que, en el fondo no es otra cosa que una reducción del
alcance natural de la norma enjuiciada) de que no incorporan ninguna consecuencia
jurídica interprivados para el caso de contravención. Con este argumento,
sobre el cual haremos algunas consideraciones en el epígrafe siguiente,
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