Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
5.1. Reservas de competencia exclusiva del Estado.
En primer lugar, la reglamentación autonómica está limitada por las reservas
estatales del art. 149.1 CE. Aquí el grado de dificultad de aplicación de la regla
competencial será distinto según que se trate de una reserva sobre una técnica de
resolución de conflictos (vgr. competencia sobre el Derecho de contratos), sobre
una finalidad normativa (vgr. la defensa de la leal competencia, la igualdad básica
en las condiciones de salud de todos los españoles) o sobre un objeto de regulación
(vgr. productos farmacéuticos, armas y explosivos, sanidad interior [dificultad añadida
porque la competencia estatal se reduce a las “bases”], igualdad básica en el
ejercicio de la libertad de empresa [objeto también de complicada delimitación]).
5.2. Unidad de mercado.
El segundo tipo de límites al ejercicio de las competencias autonómicas viene
constituido por el principio de unidad de mercado, que por el momento no ha
determinado por sí sólo la inconstitucionalidad de ninguna legislación autonómica
sobre las modalidades de venta, aunque sí se ha apreciado su transgresión
en la regulación de otros aspectos de la actividad comercial. Así, según la STC
71/1982, FJ 9º, es inconstitucional la norma autonómica que prohibe con carácter
general la circulación de productos que impliquen riesgos para la salud, sin
que la aplicación de tal medida se reduzca a los productos cuyo proceso de fabricación
esté sometido a la competencia autonómica. Por razones similares, la
existencia de un registro autonómico sanitario de alimentos no supondría una
fragmentación inconstitucional del mercado cuando la exigencia de inscripción
se refiera a productos que ingresen al mercado nacional a través del territorio
autonómico, y siempre que la misma se practique también en el registro nacional
(STC 87/1985, FFJJ 5º y 6º).
5.3. Bases de la ordenación económica.
Hay un último límite a la regulación autonómica, que es el de la ordenación
general de la economía, título competencial desarrollado íntegramente por la
jurisprudencia constitucional, que ha elaborado un título material a favor del
Estado desborda el tenor literal del art. 149.1.13ª CE. Hasta el presente, su incidencia
en las modalidades de venta ha sido nula (sí que ha tenido aplicación, por
ejemplo, en la materia de horarios comerciales), pero su potencial es considerable
dados los términos en los que el Tribunal Constitucional ha formulado esta
competencia general en favor del Estado.
5.4. Alcance de la concurrencia.
Se expone a continuación el alcance de cada uno de los límites concretos con-
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