Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
tenidos en cada uno de los grupos expuestos, adelantando ya que, en todos los
casos, la técnica de argumentación utilizada por el Tribunal Constitucional –por
lo demás profusamente empleada en otras materias diversas a la del presente
estudio– es similar: la determinación de la norma competencial “relevante” se
realiza atendiendo a la finalidad tanto de las normas competenciales en juego
como de la disposición cuya constitucionalidad se cuestiona. Una vez delimitada
la norma competencial prevalente, la determinación del ente competente se
opera por medio de un proceso de subsunción. Cuando las normas seleccionadas
son varias, a tal proceso precede la utilización de algún criterio de resolución
adicional. Se emplean aquí reglas de uso incierto: basta a veces entender que la
competencia estatal limita la autonómica (STC 192/1990, sobre la sanidad exterior
y la competencia autonómica exclusiva en materia de agricultura; STC
67/1996 en la que las bases de la sanidad limitaron la competencia exclusiva
sobre ganadería en lo referente a las autorizaciones de los aditivos destinados a
la alimentación de animales con incidencia en la salud humana); en ocasiones el
título específico prima sobre el genérico (bases de la sanidad sobre defensa de
consumidores, SSTC 71/1982, 147/1996; comercio exterior sobre agricultura
STC 71/1982); y a veces el conflicto se resuelve en favor del título más genérico,
por ejemplo, porque deba preservarse la autonomía local (v. STC 213/1988).
Sin ir más lejos, esta última ha sido la solución en relación con la regulación
autonómica sobre horarios comerciales: aunque ésta sea una submateria del
comercio interior, prevalece la competencia estatal (genérica) del art. 149.1.13ª
CE (v. SSTC 225/1993, 228/1993, 264/1993 y 284/1993).
6. Derecho público y Derecho privado como criterio de distribución competencial
6.1. La reserva estatal sobre el Derecho de contratos.
La regla decisoria estadísticamente más relevante y cualitativamente de
mayor envergadura utilizada por el Tribunal Constitucional para resolver los
conflictos de concurrencia entre defensa del consumidor/comercio interior y
reserva de competencia estatal, ha sido la que distingue entre regulación jurídico
administrativa y regulación jurídico privada (civil y mercantil) del Derecho de
contratos. En la medida en que las normas autonómicas sometidas a examen son
normas de regulación de una actividad comercial, y dado que esta actividad se
desarrolla y manifiesta en la contratación con adquirentes finales, el tema a dilucidar
es cómo se reparten las competencias de regulación del Derecho de contratos.
153