Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
competencia de persecución de ciertos fines que perfectamente pueden ser conseguidos
con un uso instrumental de competencias alternativas sobre las que se
ostenta un título en exclusiva.
Como ha afirmado el TC, la sujeción a los límites constitucionales es una
característica común al ejercicio de toda competencia. De esta constatación
resulta que la competencia en materia de consumo ha de respetar los límites establecidos
para las competencias estatales exclusivas del art. 149 CE. La STC
88/1986, enumera expresamente los límites impuestos por los arts. 38 CE (libertad
de empresa en el marco de la economía de mercado) y 149.1 CE en las materias
1ª (condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales),
6ª (legislación mercantil), 8ª (legislación civil, sin perjuicios de la conservación,
modificación y desarrollo de las especialidades forales previas) y 13ª (bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica) CE.
3. Competencias orientadas a la realización de fines
Pero el principal problema de la competencia que ahora nos ocupa resulta ser
que el título no puede definirse simplemente por el solo hecho de que la regulación
en cuestión sea una regulación finalísticamente orientada a la protección de
los consumidores.
Ello es así, en primer lugar, porque cabe que concurran una finalidad de protección
de los consumidores y otra finalidad distinta y compatible, cuya titularidad
sea competencia del Estado. Por ejemplo, la del art. 149.1.29ª CE, (cfr.
SSTC 33/1982, FJ 7º; 71/1982, FJ 7º y 15/1989, FJ 3ºc) o las bases de la sanidad
(149.1.16ª, STC 147/1996, que confirmó el carácter básico del RD
1122/1998, Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios envasados); o la planificación general de la actividad económica
y las bases sobre el régimen energético (STC 197/1996). El paradigma de
concurrencia de finalidades normativas en el sector que nos ocupa, es el que se
produce entre la finalidad de protección al consumidor y la de defensa de la competencia.
En segundo lugar, porque este modo de tratar el problema es compatible
con otro que identifique el título competencial en función de la técnica regulatoria
empleada por la norma. Así, la protección de los consumidores en el
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