Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción
de la prestación del servicio o la retirada de datos procedentes de un prestador
establecido en otro Estado, estima el órgano competente que es
necesario impedir el acceso desde España, podrá ordenar a los prestadores
de servicios de intermediación establecidos en España que tomen las
medidas necesarias para impedir dicho acceso (art. 8 LSSI).
Se trata de una norma que atribuye las competencias descritas a las
Administraciones competentes en materia de protección de consumidores.
Si el bien jurídico protegido que se intenta salvaguardar con esta media es
precisamente el principio de protección de los consumidores, la competencia
para adoptar tales medidas será de la Administración pública competente
en esta materia.
(ii) Los prestadores de servicios estarán obligados a disponer de los medios
que permitan a los destinatarios o a las autoridades competentes acceder
por medios electrónicos y de forma directa y gratuita a la siguiente información:
datos identificativos del prestador; inscripción en el Registro
Mercantil; datos relativos a la autorización que pueda ser exigible; circunstancias
relativas a su titulación profesional; información exacta del
precio del producto o servicio, identificando si incluye o no los impuestos,
y de los gastos de envío; códigos de conducta a que estuviese adherido.
Esta información se considerará cumplida si tales datos se incluyen en
la página o sitio de Internet (art. 10 LSSI).
Esta no es específicamente una norma consumerista, pues la protección
del destinatario que en ella se dispensa no depende de su cualificación
como destinatario final en el sentido del art. 1 LCU. Por tanto, salvo que
exista una norma estatal (distinta de la LSSI) o autonómica que establezca
un deber equivalente, o más intenso, en función de la condición del destinatario
final de tales servicios como consumidor, la Administración castellano-manchega
competente no puede considerar que la infracción de tal
deber se encuentra amparado por la tipificación genérica por remisión del
art. 33 del Estatuto de los Consumidores de CLM. De acuerdo entonces a
los arts. 38.3, 38.4 y 43 LSSI, la competencia sancionadora correspondería
en estos casos al MCYT.
(iii) El deber de retención de datos de tráfico relativo a las comunicaciones
electrónicas, del art. 12 LSSI, no es una norma específicamente consume-
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