Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
El art. 3 de la Directiva, que es el antecedente de los arts. 3 y 8 de la LSSI,
dibuja un enrevesado conflicto entre sociedad de la información y protección de
los consumidores. Completando el anómalo contenido de regulación de esta
norma con lo que se dispone en el Anexo de la Directiva, resulta la siguiente
paradoja: El principio, según el cual los Estados miembros no pueden restringir
la libertad de prestación de servicios por razones inherentes al ámbito coordinado
(apartado 2 del art. 3), no se aplicará al “ámbito” de las obligaciones contractuales
relativas a contratos celebrados con consumidores (apartado 3 y
Anexo). No sólo eso; también podrán los Estados miembros tomar medidas que
constituyan excepciones al apartado 2 (que, recuérdese, es el que establece el
principio de libertad de prestación de servicios), si se trata de medidas necesarias,
entre otros motivos, para la protección de los consumidores, que, recuérdese
también, ya había sido previamente excluida del ámbito coordinado por la
Directiva.
En resumen, y con independencia de las especulaciones que puedan hacerse
sobre el papel reservado a la protección de los consumidores en el art. 3 de la
Directiva, podemos afirmar en síntesis que:
(i) La Directiva 2000/31 ha excluido toda pretensión de que la armonización
exigida por la eclosión de los servicios de la sociedad de la información,
y el principio de libertad en el ejercicio de los mismos, pueda conseguirse
a costa de los regímenes de protección comunitario y estatales que puedan
existir en el ámbito de la defensa de los consumidores o que pueda
incidir en ellos.
(ii) La Directiva 2000/31 aprovecha el objeto inmediato de regulación (servicios
de la sociedad de la información) para introducir nuevas normas protectoras
de los consumidores, relativas al medio de contratación y promoción
comercial a distancia.
11. El objeto de protección de la LSSI
El art. 1.1 LSSI establece unos objetivos plurales y no homogéneos, que pretenden
ser satisfechos por las distintas normas de la ley. En términos genéricos,
es objeto de la ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad
de la información, entendidos tales “servicios” en el sentido de la letra a)
del ANEXO de DEFINICIONES de la propia ley. Pero junto a esta regulación
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