Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
más evidente resulta la prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas
que se contiene en el art. 21 LSSI. Semejante prohibición sólo es fácticamente
eficaz respecto de operadores establecidos en el territorio en el que la
autoridad oportuna ejerce sus competencias. También las autoridades autonómicas
pueden exigir (y sancionar en caso contrario) el cumplimiento de los deberes
de información precontractual y postcontractual de los arts. 27 y 28 LSSI.
Pero igualmente aquí resultan limitaciones fácticas a esta aplicación, y al ejercicio
correspondiente de las competencias autonómicas.
18. Conclusión: la concurrencia de competencias en la LSSI y la protección
de los consumidores en la sociedad de la información
Podemos sintetizar el recorrido normativo realizado a través de la LSSI.
(i) No existe un título competencial específico sobre “sociedad de la información”
en su conjunto, ni sobre “servicios de la sociedad de la información”.
Ni tan siquiera puede decirse que el “ámbito normativo coordinado”
designe un espacio normativo propio de las competencias estatales
reservadas en función de la eclosión de la sociedad de la información. El
Estado ofrece en la LSSI una regulación determinada de la “sociedad de
la información” sobre la base de dos títulos competenciales propios
(Derecho privado y Telecomunicaciones). Las CCAA pueden hacer lo
propio sobre la base de títulos competenciales específicos, como puede
ser el de la protección de consumidores.
(ii) Las materias reguladas en la LSSI son en gran medida materias que pueden
corresponder a un título competencial normativo o ejecutivo que se
defina en función de la finalidad de protección de la norma (finalidad de
protección de consumidores, en nuestro caso). En este caso, la LSSI
expresamente reconoce la existencia de estos títulos concurrentes y la
posibilidad de que sean actuados para producir una normativa propia y
diversa, que pueda afectar a los servicios de la sociedad de la información.
(iii) La LSSI delimita a través de un complejo sistema la aplicación en el espacio
de la propia ley, y del resto de normas jurídico privadas sujetas a los
efectos de las reglas españolas de Derecho internacional privado. Esta
delimitación carece de eficacia cuando se trata de decidir sobre la aplicación
territorial de la normativa específica de Derecho público de las
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