Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
cluirse que las normas autonómicas cuya finalidad sea la protección del consumidor
en el comercio interior sean siempre constitucionales por el hecho de ser
fruto del ejercicio de la competencia sobre defensa de los consumidores.
El ejemplo evidente son las dos competencias de tipo técnico por excelencia,
que contienen el art. 149.1 Constitución. La finalidad de protección de los consumidores
en abstracto, y como título, cede ante la técnica de protección consistente
en normas civiles y ante las normas de Derecho administrativo estatales
que se presenten como base del procedimiento administrativo común.
4. No hay diferencias en los techos competenciales
El resultado del carácter huidizo de las competencias sobre defensa de los
consumidores (y, por extensión, del comercio interior) ha sido, en primer lugar,
que pueden disponerse normas protectoras del consumidor o usuario cuando se
regule sobre otras materias de competencia autonómica. Ilustrativo es también
aquí el ya citado FJ 10º de la STC 71/1982, o la Ley 3/1994, de 3 de noviembre,
de Castilla-La Mancha, sobre Protección de los Usuarios de Entidades, Centros
y Servicios Sociales, donde, con la única justificación en la competencia exclusiva
sobre servicios sociales, se contienen normas de defensa de los intereses
económicos de los usuarios de los mismos, entre ellas el art. 4.12, que permite
al usuario desistir unilateralmente del servicio, por encima de la competencia
estatal exclusiva del art. 149.1.8ª CE. Es más, la propia limitación de la competencia
sobre defensa de los consumidores y usuarios explica que, hasta la fecha,
el techo de regulación constitucionalmente lícito haya sido idéntico para las
Comunidades Autónomas que tenían competencias exclusivas en la materia y
para aquellas que contaban tan sólo con competencias de desarrollo. El caso
paradigmático ha sido el de Aragón, que, teniendo tan sólo competencias de
desarrollo sobre comercio interior y defensa de los consumidores, promulgó una
Ley de Ordenación de la Actividad Comercial, la 9/1989, con contenidos similares
a los de las regulaciones procedentes de Comunidades Autónomas que ejercitaban
competencias exclusivas sobre tales materias.
El Tribunal Constitucional ha resuelto siempre considerando el título de
defensa del consumidor y comercio interior de un modo global, sin distinguir
entre las Comunidades Autónomas que disponen de competencias legislativas
plenas y las que sólo disponen de una competencia de desarrollo.
150