Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO
lidad en el orden nacional, algo, evidentemente, bien alejado del modelo de partida,
el de la judicial review of Legislation.
La Corte Suprema argentina, ciertamente, volvió a cambiar el sentido de su
jurisprudencia en este punto en 1973, para retornar a la doctrina establecida en
el caso Outón en 1985. La reforma constitucional de agosto de 1994 disipó cualquier
duda al efecto al habilitar ahora el apartado primero del art. 43 de la
Constitución nacional al juez que conozca del amparo para la declaratoria de la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, lo que
ha significado, según Hitters 142 , la puesta en marcha, a través del amparo, de una
acción de inconstitucionalidad en una causa concreta.
Distinta ha sido la concepción del juicio de amparo en México, en donde,
como subrayara Burgoa 143 , el juicio de amparo, como corroboran sus antecedentes
históricos, se ha revelado como un medio jurídico de protección de la constitucionalidad,
declarándose procedente, ya en la primera Constitución que lo
contempló (la Constitución del Estado de Yucatán de 1841), contra cualquier
acto del Gobernador o Ley de la Legislatura del Estado que, en agravio del
gobernado, violase la Constitución y no únicamente los preceptos en que consagraba
las garantías individuales. A partir de este precedente puede entenderse
que a nivel federal se haya admitido el amparo contra leyes, bien que se requiera
que tales leyes sean autoaplicativas, quedando legitimadas para interponer el
juicio de amparo aquellas personas que, en el momento de la promulgación de
la ley, queden automáticamente comprendidas dentro de la hipótesis de su aplicación,
disponiendo del plazo de treinta días, a partir del siguiente de la entrada
en vigor de la ley, para su impugnación. Digamos de nuevo con Burgoa 144 que el
control de la Constitución y la protección del gobernado frente al poder público,
son los dos objetivos lógica y jurídicamente inseparables que integran en México
la teleología esencial del juicio de amparo.
V. La mixtura e hibridación que venimos mostrando también se encuentra
en aquellos países que han optado por la fórmula de la judicial review norteamericana.
142. Juan Carlos Hitters: “La Jurisdicción Constitucional en Argentina”, en Domingo García
Belaunde y Francisco Fernández Segado (coords.), La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica,
Dykinson (y otras) Madrid, 1997, pág. 283 y ss.; en concreto, pág. 301.
143. Ignacio Burgoa: El juicio de amparo, 20ª ed., Editorial Porrúa, México, 1983, pág. 145.
144. Ibídem, pág. 148.
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