Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
ser alternativa y simultáneamente abordada por diferentes vocaciones competenciales,
y no existe un título específico excluyente que pudiera traer causa del
medio utilizado para crear la comunicación comercial. De nuevo, el medio específico
a través del cual se canaliza la información no puede ser un título suficiente
para excluir la vocación regulatoria de otros títulos.
El art. 11 regula el deber de colaboración de los prestadores de servicios.
Cuando un órgano competente por razón de la materia hubiera ordenado (…)
que se interrumpa la prestación de un servicio (…) o la retirada de determinados
contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, podrá ordenar
a los prestadores de servicios que puedan colaborar, directamente o mediante
solicitud motivada al MCYT, que se suspendan la transmisión, el alojamiento
de datos, el acceso a las redes o la prestación de cualquier otro servicio. Como
ocurría en el art. 8, no se identifica aquí tampoco cuál es el órgano competente.
Pero nuevamente resalta de este silencio que ha de serlo el que resulte competente
en función de un título sectorial más específico que el que se predique de
la regulación de la propia sociedad de la información.
Lo mismo puede y debe decirse del art. 27 LSSI. No es sólo que lo en él dispuesto
deba entenderse además de los requisitos en materia de información que
se establecen en la normativa vigente, sino que el propio título competencial utilizado
para imponer la lista de circunstancias sobre las que debe existir una
información precontractual previa es un título competencial no excluyente de
otros susceptibles de alcanzar idénticos objetivos. Podría pensarse que, aplicándose
tales prescripciones a todo tipo de contratos, y no a los específicos contratos
con consumidores, no tiene sentido que una reglamentación específica de
protección de consumidores produjera una regulación de efectos equivalentes,
que realmente no podría ir más allá de lo que establece la LSSI con alcance
general 3 . Puede aceptarse este argumento, pero igualmente debe advertirse que,
con el fundamento en el título competencial propio de defensa de los consumidores,
la lista de las circunstancias obligatoriamente cubiertas por el deber de
información puede exceder de la que figura en el art. 27 LSSI. Por ejemplo, con
este título competencial específico de protección de consumidores puede establecerse
una norma distinta de la del art. 27.3 LSSI, sobre el período de duración
mínima de las ofertas realizadas por vía electrónica. Es claro que con dicho título
no puede pretenderse que un contrato se entienda válido y aceptado en cir-
3. El precepto comentado es consciente de su mayor extensión subjetiva frente a las normas específicas
de consumo, pues el apartado 2 a) específicamente declara que las obligaciones establecidas en el apartado
1º no pueden ser excluidas convencionalmente cuando el destinatario es un consumidor.
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