Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
ordenamiento jurídico español que les sean de aplicación, en función de la actividad
que desarrollen, con independencia de la utilización de medios electrónicos
para su realización. En consecuencia, la utilización de servicios específicos
de la sociedad de la información no basta a constituir una materia especial ajena
a la vocación reguladora de otros ámbitos normativos.
Conforme al art. 3.1 d) LSSI, la ley se aplicará a prestadores de servicios
establecidos en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España y los servicios
afecten a (…) obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas
físicas que tengan la condición de consumidores. Esta norma desmiente que
la finalidad de protección de los intereses de los consumidores sea ajena a la
finalidad protectora de la LSSI, y, además, es utilizada como criterio de aplicación
extraterritorial de la propia ley. Obsérvese la distinta perspectiva que media
entre esta norma y el art. 3 de la Directiva comunitaria de comercio electrónico.
En ésta era la protección de los consumidores un extremo de entidad suficiente
para excluir los efectos de la armonización pretendida; en la ley española, la presencia
de intereses dignos de esta clase de protección es precisamente utilizado
como criterio para la aplicación positiva de la norma que se pretende transposición
de la Directiva.
El art. 6 LSSI consagra uno de los principios cardinales del sistema de la
LSSI. La prestación de servicios de la sociedad de la información no está sujeta
a autorización previa. Sin embargo, el apartado segundo aclara que esta
norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento
español que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación
por vía electrónica de los correspondientes servicios. Básicamente, la norma
se está refiriendo a autorizaciones exigidas por la norma reguladora del comercio
minorista, y, por lo que ahora importa, las autorizaciones que las
Comunidades Autónomas hayan establecido, de acuerdo con la LOCM y sus
propios títulos competenciales, sobre ventas a distancia. Una vez más se acredita
por la norma que la utilización de medios específicos que definen un servicio
de la sociedad de la información no comporta exclusión de la aplicación
de otros regímenes normativos diseñados en función de la finalidad de protección
de las normas o de la materia regulada como una unidad considerada en
función de la circunstancia de que tal materia comprende relaciones comerciales
entre empresarios y consumidores. La salvedad misma que se hace en
este apartado del art. 6 LSSI es inconsecuente, pues, ciertamente, los otros
regímenes concurrentes pueden tener vocación de aplicación en función del
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