Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
to externo a esta Comunidad puedan circular con el solo cumplimiento de las
reglas o condiciones de comercialización impuestas a nivel general o en el propio
territorio desde el que se practica el intercambio o tráfico del producto. Y ello
sin contar con que el límite a la posibilidad de una regulación particular de origen
autonómico no sólo proviene de las competencias estatales, sino de los compromisos
que el Estado tiene contraídos en su conjunto con la Unión Europea, y
que derivan del principio de libre circulación de mercancías del art. 30 del
Tratado de Roma.
8.2. La ponderación entre unidad interior y autonomía.
Expuesto en los términos que acabamos de adelantar, el problema parecería
insoluble. En efecto, el art. 139.2 CE se traduciría de hecho en la imposibilidad
de que una Comunidad Autónoma pudiera hacer uso de su competencia cuando
el resultado de aquél fuera la creación de una barrera en el mercado interior o de
un obstáculo que dificultara el intercambio o que lo hiciera no uniforme para los
distintos operadores en el mercado.
El Tribunal Constitucional ha sostenido que si una norma es de indiscutible
competencia autonómica, no se puede contrarrestar o anular el efecto que se
sigue de su aplicación en aras de un principio de unidad de mercado que no se
compadece con la forma compleja de nuestro Estado (STC 87/1987). La existencia
de un único orden económico en un mercado nacional no excluye la existencia
de la diversidad jurídica que resulta del ejercicio por los órganos autonómicos
de competencias normativas sobre un sector económico cuando éstas
hayan sido asumidas en el Estatuto de Autonomía (STC 225/1993).
Esta doctrina es ajustada al principio de efectividad de las competencias, que
impide negársela a una Comunidad Autónoma cuando está claramente atribuida
en su Estatuto (v. también la STC 52/1988). Con igual alcance restrictivo ha de
interpretarse el límite de la competencia estatal exclusiva sobre comercio exterior
(art. 149.1.10ª CE), ya que, como se insiste en varias sentencias, una aplicación
extensiva de este título competencial acabaría por vaciar de contenido la
premisa, consolidada en la doctrina constitucional, conforme a la cual el ingreso
de España en la CEE y la consiguiente transposición de las normas de
Derecho comunitario derivado no altera las reglas constitucionales de distribución
de competencias «ya que sería muy difícil encontrar normas comunitarias
que no tuvieran incidencia en el comercio exterior, si éste se identifica, sin más
matización, con comercio intracomunitario» (STC 236/1991 y en sentido similar
STC 79/1992 y 313/1994).
165