Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
(xvii) Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado utilizando el
número de una tarjeta de crédito, sin que ésta hubiese sido presentada físicamente
o identificada electrónicamente, su titular podrá exigir la inmediata
anulación del cargo (art. 46 LOCM).
(xviii)A la ejecución del contrato, el comprador debe haber recibido toda la
información exigida por el art. 40, y, además: dirección de uno de los
establecimientos del vendedor, así como su domicilio social; condiciones
de crédito o pago escalonado; documento de revocación o desistimiento
(art. 47 LOCM).
La infracción administrativa correspondiente es típicamente consumerista.
Las consecuencias jurídico privadas constituyen materias reservadas al
Estado.
(xix) Según el art. 2 RD 1906/1999, previamente a la celebración de un contrato
a distancia, y con tres días como mínimo de antelación necesaria, el
predisponente deberá facilitar al adherente, de modo eficaz, veraz y completo,
información sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato, y
remitirle el texto completo de las condiciones generales por cualquier
medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia.
(xx) Conforme al art. 3 de la norma citada, celebrado el contrato, el predisponente
deberá enviar al adherente, a más tardar en el momento de entrega
de la cosa o comienzo de ejecución del contrato, justificación por escrito,
o, a propuesta del adherente, por otro medio adecuado que puede servir de
soporte duradero, relativa a la contratación efectuada, donde deberán
constar todos los términos de la misma. Se exceptúan de este deber los
supuestos recogidos en el apartado 2 de la norma.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 Ley 7/1998, de Condiciones
Generales de la Contratación, la competencia sancionadora estatal
corresponde al Ministerio de Justicia, y sólo para los casos allí determinados.
La norma expresamente salva el régimen de infracciones administrativas
que pueda existir en la legislación autonómica. Es evidente
que la LSSI no puede pretender cubrir con el título competencial relativo
al régimen de telecomunicaciones un régimen sancionador específico
a supuestos como los aquí descritos. Pero sí cabe en el régimen sancionador
de protección de los consumidores, y la eventual tipificación que
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