Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL TEROL BECERRA
muestran en equilibrio. Tan sugerentes se estiman las aportaciones de Llorens
que las relativas a este último asunto recuerdan incluso, obsérvese bien, ese
aspecto del Estado de las Autonomías quizá hoy día algo preterido por la doctrina
en favor de su contrapunto, pues no es poco el interés pasado y presente por
determinar cuanto puede dar de sí la dimensión descentralizadora del mismo.
Sin embargo, además de las recién expresadas reflexiones de Llorens sobre
la prevalencia, merece destacarse que la consideraba llamada a operar en el terreno
de las competencias concurrentes. No es descabellado suponer que, también
cuando compuso dicho autor su obra, el asunto relativo al ámbito de aplicación
de la cláusula revestía la misma trascendental importancia que hoy día, considerando
que sólo su esclarecimiento deja la vía expedita a la elucidación de cómo
actúa. De ahí el atractivo de la formulación que ahora se comenta, pues no sólo
sugiere el orden con que proceder en el estudio de la prevalencia, sino que incluye
una respuesta para la primera cuestión que con tal motivo se suscita.
La duda es si dicho planteamiento doctrinal se muestra de utilidad para el
análisis del mismo asunto por dilucidar en relación con la prevalencia que contempla
la Constitución de 1978. No se pase por alto lo imprudente que sería
aceptar, sin la debida comprobación, si las categorías empleadas por Llorens son
equiparables a las resultantes del reparto competencial, entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, autorizado por la Constitución vigente. Ni se pierda
de vista lo extenuante que resultaría el esfuerzo de verificar tal extremo, para, de
alcanzar una conclusión afirmativa, intentar luego establecer equivalencias rigurosas
entre los conceptos que maneja Llorens y los utilizados por la doctrina
desde que se publicó la Constitución de 1978. Eso si no concluye por revelarse
una tarea estéril de comprobarse que no son equiparables.
Para empezar, no parece que Llorens distinguiese conceptualmente entre
competencias concurrentes y compartidas. No se advierte que utilizara esta última
expresión en su obra, ni tan siquiera al tratar de la facultad atribuida al Estado
por el art. 19 de la Constitución de 1931 para fijar las bases a que habrían de
adaptar sus respectivas leyes las regiones. Sin perjuicio de lo cual, obsérvese que
su planteamiento evoca la categoría, con que en la actualidad operan la doctrina
y la jurisprudencia, de las competencias compartidas 17 , e incluso invita a formular
la pregunta de si no podría ser la compartición competencial el lugar en que
debiera desplegar sus efectos la prevalencia. Conviene subrayarlo porque todo
17. Tanto da que esa competencia atribuida al Estado por el art. 19 de la Constitución de 1931 se
entienda equivalente a la que asigna la Constitución de 1978 al Estado para definir las bases sobre deter-
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