Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL TEROL BECERRA
sobre el catálogo de situaciones, latentes o manifiestas, generadoras de conflictos
dirimibles mediante el empleo de dicha cláusula, pues interesa precisar que
ésta es activable cualquiera que sea el tipo de función pública causante de la
oportuna colisión competencial, con independencia, dicho sea en otros términos,
de su origen que tanto da lo defina el ejercicio estatal o autonómico de potestades
legislativas o ejecutivas.
Conviene tenerlo en cuenta a fin de obrar con el debido orden y comenzar por
el análisis del efecto atribuible al empleo en el conflicto entre leyes de la cláusula
de prevalencia, esto es, al incontrovertible desalojo del Derecho autonómico
por el estatal a que se asiste entonces. A cuyo respecto interesa llamar la atención
sobre la necesidad de contar con el Tribunal Constitucional para que un tal
desplazamiento sea efectivo, y no porque lo exija así la cláusula de prevalencia,
sino porque en presencia de una colisión legislativa ningún órgano está autorizado
para preterir, inaplicando, una de las leyes en beneficio de la otra 42 .
Mientras que no sucedería así de accionarse el Tribunal Constitucional para
que, mediante el control de constitucionalidad de las leyes, resuelva esos casos
de colisión legislativa competencial a los que resulta aplicable la cláusula de prevalencia,
si se entiende, como aquí se hace, autorizada entonces a la Jurisdicción
Constitucional para declarar la nulidad de la ley autonómica por invadir un ámbito
material sobre el cual, de acuerdo con la cláusula de prevalencia, sólo podría
actuar el Estado.
Y otro tanto cabe esperar que ocurra de residenciar en el Tribunal
Constitucional las disputas competenciales de la índole expresada cuyo origen
se sitúe en disposiciones no legislativas, resoluciones o actos adoptados por el
Estado o las Comunidades Autónomas, pues su correspondiente sustanciación
por la vía del conflicto positivo de competencia también le permitiría al
Tribunal declarar nulos por ese motivo las decisiones autonómicas de rango
inferior a la ley.
42. Cfr. la STC 163/1995, en cuyo fundamento jurídico 4º responde el Tribunal negativamente a la
pregunta que le formulaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de si estaba autorizado para,
con base en la cláusula de prevalencia, inaplicar una ley autonómica y aplicar una ley estatal conectada
con la anterior mediante la relación bases-desarrollo. Pregunta que se inspiraba claramente en las construcciones
de García Torres formuladas en: La cláusula de prevalencia y el Poder Judicial, cit.
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