Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
caso, dada la naturaleza y el contenido de la modificación institucional, no es
admisible el argumento a fortiori de que si el Presidente puede modificar por
decreto la denominación del departamento pueda también por decreto otorgar a
un Consejero la denominación de Conseller en Cap. En definitiva, era necesaria
una previsión legal expresa para poder adoptar la denominación de Consejero
Jefe.
Por último, una apostilla a propósito de la denominación completa empleada
en el Decreto 12/2001( Conseller en Cap de la Generalitat). Así, en la medida
en que esta figura no es un órgano estatutario sino un delegado del Presidente
de carácter potestativo y con atribuciones ejecutivo-gubernamentales, la denominación
ha de reflejar su vinculación con el Gobierno y no con la Generalidad
entendida como conjunto institucional de Cataluña. Por este motivo la denominación
más adecuada podría ser la de Conseller en Cap del Govern de la
Generalitat.
6. Forma.
La delegación, en tanto que acto de relieve institucional general y potestativo
del Presidente, se establece mediante decreto del Presidente de la Generalidad y
firmado únicamente por él. El decreto ha de ser publicado oficialmente en el
DOGC pues de ello depende la eficacia de la delegación. Debe entenderse que
la delegación ha de ser expresa, es decir, con invocación explícita del precepto
legal correspondiente y de la figura que se está introduciendo. En relación con
este último aspecto puede observarse que el decreto 253/2002 (arts. 6 y 7) atribuye
la Presidencia de las Comisiones del Gobierno a dos Consejeros pero no
indica que se trata de una delegación de las funciones del Presidente efectuada
al amparo del artículo 64 de la Ley 3/1982.
En cuanto a la motivación del decreto, no parece que, cuando no derive de
causas objetivas sino de criterios de oportunidad política, sea exigible que vaya
más allá de los estrictos fundamentos normativos. La Ley 3/1982 no exige que
la decisión presidencial de establecer la delegación de funciones vaya precedida
de una deliberación por parte del propio Gobierno, aunque, en los casos en que
dicha medida pueda tener importantes y permanentes repercusiones en el futuro
funcionamiento del Consejo Ejecutivo, podría ser conveniente tal deliberación.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 3/1982, el Presidente ha de dar cuenta
al Parlamento de la decisión de la delegación de funciones. En los términos en
que está redactado este precepto, la comunicación del Presidente al Parlamento
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