Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
cia de que la misma deba aplicarse tan sólo a un sector empresarial determinado
(por ejemplo, al comerciante minorista).
Entender que el estándar de licitud varía en función de la esencialidad del
requisito introducido por la regulación autonómica, sólo tiene sentido si se interpreta
que la constitucionalidad de las exigencias administrativas para el ejercicio
de la profesión de comerciante está relacionada –como de hecho lo está– con el
principio de libertad de empresa del art. 38 CE (en conexión con el art. 149.1.1ª
CE), o bien porque el parámetro de constitucionalidad de la norma sea –que
siempre lo es– el art. 139.2 CE. Es en esta sede donde la regulación autonómica
podrá ser inconstitucional por desigualar las condiciones básicas para el ejercicio
del comercio en el territorio nacional, y/o cuando la restricción conlleve un
sacrificio para la unidad del mercado que sea desproporcionado con respecto a
la finalidad perseguida por la norma (v. en este sentido la STC 225/1993, FJ 5ºc).
Por último, es evidente que la constitucionalidad de las exigencias administrativas
autonómicas para el ejercicio del comercio no puede justificarse –como
hacen las SSTC 225/1993, FJ 6ºb y 284/1993, FJ 2º–, en el art. 9.1 CE, porque
el argumento sería necesariamente circular: se dice que la norma es constitucional
porque hay que obedecer las normas, con lo que la obligación de sujeción a
la norma se fundamenta en su mera existencia, cuya constitucionalidad se deja
sin justificar.
8. El principio de unidad de mercado
8.1. Su alcance como título competencial.
El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de aclarar que el art. 139.2 CE
no contiene una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, sino un límite a toda competencia (SSTC 1/1982, 87/1987,
52/1988). En concreto, no es un título competencial en cuya virtud pueda reservarse
el Estado la facultad de “preservar la libre circulación de bienes en el territorio
nacional” (STC 95/1984, FJ 7º). A pesar de este carácter neutral de la regla,
sin embargo es evidente que su potencial limitador será más intenso en relación
con la normativa autonómica. Desde el momento en que una regulación autonómica
pretenda reglamentar el comercio de bienes y servicios mediante la instauración
de condiciones, requisitos y prohibiciones de intercambio, esta regulación
está, siquiera sea de modo indirecto, creando una barrera en el mercado interior,
en la medida en que dificulta que los bienes y servicios que provienen del ámbi-
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