Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL TEROL BECERRA
El propósito ahora es subrayar que, aun cuando dicho artículo no reserve al
Estado la competencia exclusiva en materia de cultura, admite interpretarse
favorablemente a un posible despliegue por el mismo de potestades legislativas
y ejecutivas en dicho ámbito. Sin que eso impida a las Comunidades
Autónomas –antes bien lo facilita el precepto– pertrecharse de ambas facultades
en ese terreno. Como en la práctica han hecho todas asumiendo en sus respectivos
Estatutos, según se verá más adelante, competencia exclusiva sobre el
particular. De donde se sigue que a la regulación estatal de un determinado
aspecto cultural puede sucederle otra autonómica, y, a la inversa, para asistirse
entonces a una situación de concurrencia competencial que el Derecho debe
ocuparse de solventar.
Distinta de todas las situaciones hasta ahora analizadas y, por tanto, también
de la concurrencia competencial, interesa subrayarlo, es la que se produce cuando
interaccionan una competencia del Estado de las llamadas genéricas u horizontales
con otra autonómica catalogable bajo su radio de acción. Pues conviene
precisar que con tales expresiones apela el Tribunal, como indica Viver Pi-
Sunyer, a la modalidad de competencia estatal que “bien sea por su generalidad,
bien por el hecho de referirse a actividades definidas finalistamente por el
Bloque de la Constitucionalidad, o bien por tener por objeto determinadas disciplinas
jurídicas, pueden penetrar en aspectos concretos de ámbitos globalmente
atribuidos a las Comunidades Autónomas por referencia, normalmente, a actividades
definidas objetivamente” 22 .
Este sería el caso de las competencias exclusivas que la Constitución reserva
al Estado en las materias, por ejemplo, de “relaciones internacionales” (art.
149.1.3), “comercio exterior” (art. 149.1.10), “planificación general de la actividad
económica (art. 149.1.13), o “medio ambiente” (art. 149.1.23). De cuya interacción
con competencias autonómicas colaterales, o “afines y colindantes”, en
expresión del Tribunal, surge, pues, una relación a todas luces distinta de la que
guardan entre sí las competencias concurrentes del Estado y las Comunidades
Autónomas. Aun cuando en alguna ocasión haya estimado el Tribunal que una
de esas competencias estatales genéricas u horizontales engloba a esas otras
autonómicas afines o colindantes con ella, al anudar aquél a su juicio sobre la
relación competencial descrita la consecuencia de reconocerle a la competencia
estatal considerada la propiedad, se ha dicho ya, de penetrar en aspectos concretos
de la competencia autonómica concernida.
22. Cfr. Idem, pág.. 83.
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