Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
a disposición del destinatario las condiciones generales del contrato, de
modo que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario
(art.27 LSSI).
Los arts. 38.3 c) y 38.4 e) tipifican como infracciones específicas de la
LSSI las conductas incumplidoras de tales deberes.
Como demuestra el art. 27.2 a), la finalidad de protección de esta norma
es típicamente consumerista Una vez más hemos de afirmar que, merced
a la particular estructura remisiva del art. 33 del Estatuto de Consumidores
de CLM, la LSSI tipifica infracciones que valen como infracciones de
consumo de esta Comunidad Autónoma.
(ix) El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación hecha
por el destinatario, por alguno de los medios establecidos en el art. 28.1
LSSI. Si es el destinatario el que debe confirmar, el prestador pondrá a
disposición de aquél alguno de los medios en cuestión. El art. 38.3 d) tipifica
la correspondiente infracción.
Como demuestra el art. 28.3 a), se trata también aquí de una norma consumerista.
Además, la LSSI no ha previsto ninguna consecuencia jurídico privada
derivada del hecho del incumplimiento del deber en cuestión.
Entendemos entonces que la competencia corresponde a la Administración
de Castilla-La Mancha.
(x) Los arts. 30 y 31 LSSI regulan la acción de cesación contra las conductas
contrarias a la presente ley que lesionen los intereses colectivos o difusos
de los consumidores. Se trata de una regulación procesal, y las
Administraciones públicas son incompetentes en cuanto a una regulación
paralela. Pero el art. 31 e) de la ley habilita competencialmente a los órganos
competentes de las CCAA para actuar como partes, con legitimación
activa, en los correspondientes procesos civiles. Igualmente ocurre con las
asociaciones de consumidores que reúnan los requisitos establecidos en la
legislación autonómica.
(xi) Si la normativa específica así lo establece (y deberá ser normativa estatal,
dados los términos del RD 636/1993), podrán utilizarse medios electrónicos
en los procedimientos arbitrales de consumo (art. 32 LSSI). Los órganos
arbitrales comunicarán al Ministerio de Justicia los laudos y decisio-
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