Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Presidente y consejero delegado en el seno del Gobierno. A propósito de este
último supuesto puede observarse que, durante el debate parlamentario de la Ley
3/1982, comunistas y socialistas, aun sin defender abiertamente la posibilidad de
un Presidente meramente representativo pues ello chocaría con las previsiones
constitucionales y estatutarias, pusieron más empeño que CiU en perfilar jurídicamente
la delegación de funciones para dotar de especificidad institucional al
consejero delegado 44 .
La delegación por razones objetivas es la que más asiduamente se ha llevado
a cabo, concretamente en todas las ocasiones en que el Presidente se ha ausentado
del territorio de Cataluña, y lógicamente ha tenido un alcance temporal muy
limitado 45 . También se puede encontrar algún ejemplo de delegación cuya finalidad
es simplemente aligerar el volumen de trabajo del Presidente liberándolo de
una determinada atribución: mediante el decreto 201/1983 (art. 1) el Presidente
delegó la facultad de convocar y presidir las dos comisiones creadas en el seno
del Gobierno. Obviamente estos dos supuestos de delegación no tienen especial
relevancia política. En cambio, una delegación amplia y de larga duración
adquiere una notable significación política ya que potencia la figura del consejero
delegado y puede redimensionar parcialmente la posición del Presidente. A
este tipo corresponde la delegación establecida mediante el decreto 12/2001
cuyas características son examinadas en esta páginas.
Otro elemento de la naturaleza de la delegación de funciones del Presidente
de la Generalidad es su carácter potestativo que se desprende de la literalidad del
artículo 36.3 EAC y del artículo 64 de la Ley 3/1982 (“El Presidente podrá delegar”).
Este carácter potestativo configura la delegación como un acto subjetivo y
discrecional del Presidente de la Generalidad. En efecto, tanto el establecimiento
como el mantenimiento de la delegación dependen única y exclusivamente de
la voluntad del Presidente y este hecho hace presumir que, cuando la delegación
responde a razones de oportunidad política, existe una relación de confianza
entre el delegante y el delegado. De cuanto acaba de señalarse, queda claro que
ni la delegación ni la posible figura de un consejero delegado son jurídicamente
necesarias.
El último aspecto a considerar sobre la naturaleza de la delegación es la temporalidad.
La normativa reguladora recoge explícitamente este carácter que, por
44. Véanse las intervenciones de R. Ribó (PSUC), I. Molas (PSC) y M. Alavedra (CiU). DSPC-P,
92, 10 de marzo de 1982. Págs. 2571-2589; también BOPC, 68, 1 de marzo de 1982. Págs. 2396-2402.
45. Véase a modo de ejemplo, entre otros muchos, el decreto 90/1997.
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