Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
Los arts. 19 a 22 LSSI regulan las comunicaciones comerciales por vía electrónica.
Los supuestos regulados (información exigida sobre ofertas promocionales
y concursos, prohibición de comunicaciones no solicitada o realizadas a
través de correo electrónico, derechos de revocación del consentimiento de los
destinatarios de las comunicaciones comerciales) ya revelan que se trata de
materias susceptibles de una regulación alternativa fundada en títulos competenciales
de alcance equivalente. Nuevamente la LSSI es consciente de este solapamiento,
cuando en el art. 19.1 constata que estas comunicaciones comerciales y
las ofertas promocionales se regirán, además de por la presente ley, por su normativa
propia y la vigente en materia comercial y de publicidad. O cualquier
otra normativa que resulte procedente, pues es claro que el art. 19.1 LSSI no
puede arrogarse la función de ser una norma atributiva de competencias regulatorias.
Observemos igualmente cómo en los arts. 21 y 22 no se establece ninguna
sanción específica de naturaleza jurídico privada, con lo que resulta que todo
el supuesto normativo diseñado en tales preceptos por la LSSI se halla enteramente
abierto a la incidencia de otros títulos competenciales sectoriales.
Los arts. 23 a 29 LSSI se refieren a la contratación por vía electrónica. El art.
23.1 se apresta a declarar que tales contratos se regirán, entre otros, en especial,
por las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación
de la actividad comercial.
El art. 33 LSSI determina que los prestadores de servicios podrán dirigirse a
los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Justicia, y a los órganos que determinen
las respectivas Comunidades Autónomas, a efectos de conseguir información
general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la
normativa específica aplicable a la contratación electrónica, o para informarse
de los procedimientos de resolución judicial o extrajudicial existentes u obtener
datos de las autoridades u organizaciones que puedan facilitarles información
adicional o asistencia práctica.
El art. 35 LSSI es la norma fundamental a nuestros efectos, pues parece concebirse
a sí misma como una regla delimitadora de competencias. El apartado 1
atribuye al MCYT la competencia para controlar el cumplimiento por los prestadores
de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas
en esta ley (…) en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad
de la información. Con todo, la norma ahora glosada contiene dos reservas
relevantes, que en definitiva suponen el reconocimiento de que el contenido de
regulación de esta ley es materia pluricompetencial. En primer lugar se recuerda
181