Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
aplica la ley en su conjunto a los prestadores de servicios domiciliados o residentes
fuera de España pero que dispongan en España de un establecimiento
permanente (art. 2.2). No se considera que exista establecimiento en España
por el solo empleo de medios tecnológicos situados en España (art. 2.3 II).
La LSSI se aplicará a prestadores de servicios establecidos en otro Estado
miembro de la UE o del EEE cuando –a los efectos que nos importan ahora- (i)
el destinatario radique en España y (ii) los servicios afecten a obligaciones nacidas
en contratos con consumidores o a la licitud de las comunicaciones comerciales
por correo electrónico u otro medio electrónico, cuando se trate de comunicaciones
no solicitadas, (art. 3.1). Ahora bien, el art. 3.4 LSSI establece que
no se aplicará la LSSI (ni otras normas españolas) si “las normas reguladoras de
las materias enumeradas” establecieran que no sería de aplicación la ley del país
en que resida o esté establecido el destinatario del servicio. Tales “normas reguladoras”
no pueden ser otras que las normas de Derecho internacional privado
vigentes en España. En el caso presente, el art. 5 del Convenio de Roma sobre
ley aplicable a las obligaciones contractuales, que determina sustancialmente
que la ley aplicable a las relaciones comerciales en las que intervenga un consumidor
serán las del país en que éste tenga residencia habitual, siempre que el
empresario se haya dirigido de alguna manera a este consumidor pasivo para
promover o celebrar el contrato.
De acuerdo al art. 5 del Convenio de Roma, pues, se aplicaría la LSSI, tal
como establece el art. 3.1, pues el destinatario consumidor tiene su residencia en
España, y este criterio de conexión es sustancialmente el utilizado por el
Convenio para determinar la ley aplicable.
Continúa el art. 3.3 complicando el sistema de ley aplicable cuando, supuesta
que se da ya la condición del art. 3.4, establece que, en tal caso, no sólo se
aplicará la LSSI sino también “el resto de las normas del ordenamiento jurídico
español que regulan las materias señaladas”; en nuestro caso, las materias que
regulan las relaciones entre consumidores y empresarios. Es decir, tal regulación
depende en su aplicación de que, de acuerdo con el régimen de Derecho internacional
privado vigente en España, fuera aplicable la ley de la residencia habitual
del destinatario.
Para los prestadores de servicios no establecidos en la UE o EEE, el art. 4.1
LSSI establece que se les aplicarán los arts. 7.2 y 8 de la Ley. Además de ellos,
los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español
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