Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
Primera Parte
LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR COMO
TÍTULO COMPETENCIAL
1. La distribución competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas
La cuestión del reparto de competencias entre Estado y Comunidades
Autónomas referida al ámbito del Derecho de Consumo se encuentra en España
con el problema fundamental de la propia falta de precisión de la defensa de los
consumidores como título de reparto competencial. La “defensa de los consumidores”
no es una materia específicamente comprendida en el elenco que, a
modo de reparto competencial, establecen los arts. 148 y 149 CE, aunque la atribución
de tal competencia a las Comunidades Autónomas se ha llevado a cabo a
través de la habilitación contenida en la LO 9/1992, de 23 de diciembre, que
transfirió competencias de desarrollo sobre defensa de los consumidores, mientras
que otras CCAA procedieron inicialmente a incluir este sector entre sus
competencias exclusivas, al no estar enumeradas entre las reservadas al Estado
por el art. 149.1 CE.
2. Materia pluridisciplinar
Como ya afirmó la SSTC 71/1982 (FJ 1º y 15/1989, FJ 1º), el consumo es una
materia de contenido pluridisciplinar, dificultad, que en la medida en que supone
el solapamiento de diversos títulos competenciales en la regulación de una
misma parcela de la realidad, es compartida por otras competencias enumeradas
en los arts. 148 y 149 CE. El entrecruzamiento de títulos competenciales se ha
agravado tras la reforma de los Estatutos de Autonomía propiciada por la LO
9/1992. Ahora la generalidad de las Comunidades que accedieron a la autonomía
por la vía del art. 143 CE, cuentan, entre otras, con competencias exclusivas
en las siguientes materias: 1) mercados interiores; 2) industria (sin perjuicio de
las reservas estatales del art. 149.1.11ª y 13ª CE), 3) publicidad (sin perjuicio del
art. 149.1.1ª, 6ª y 8ª CE), 4) comercio interior, y 5) fomento del desarrollo económico
regional. Sin embargo, tan sólo se dispone de competencias de desarrollo
legislativo y ejecución en materia de consumo, siendo así que se trata de una
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